Antonio Rodríguez, agente de la Policía Nacional, salvó la vida gracias a una libreta que llevaba en el bolsillo de su camisa. Durante un servicio, el 31 de mayo de 2009, el actual portavoz provincial del sindicato Jupol acudió junto a un compañero, a un domicilio de la calle Diego Arias, en la capital gaditana, a media tarde, alertado por la discusión que mantenía J. M. con su esposa. Al pedir al hombre que se identificase, éste trató de herir al agente con un destornillador.
“Desde entonces, me han lanzado piedras y hasta me han mordido”, asegura. “El principio de autoridad se ha perdido definitivamente”, lamenta, y asegura que los funcionarios son víctimas de episodios violentos en muchas ocasiones incluso durante tareas rutinarias, como él mismo hace ya doce años. Las cifras proporcionadas por el Gobierno a preguntas de los diputados del Grupo Popular Carlos Rojas y Ana Belén Vázquez, le dan la razón. En los últimos cinco años, el número de agresiones sufridas por miembros del Cuerpo Nacional de Policía se ha incrementado en un 27,4%, pasando de 281 casos en 2015 a 358 en 2020. En el caso de la Guardia Civil, el crecimiento es más moderado, pero, frente a las 98 consignadas hace un lustro, se superaron el centenar, hasta alcanzar las 108, en la última anualidad.
“Si la agresión no es grave, las consecuencias penales no son elevadas. Falta contundencia por parte de la justicia”, asegura Rodríguez, quien recuerda que el maltratador solo fue condenado a cuatro años de prisión, en lugar de los siete que solicitó el fiscal porque el estado de embriaguez en el que se hallaba se consideró un atenuante y, además, el procesado ingresó 300 euros para reparar el daño antes de la celebración del juicio.
Todo esto, la escalada de violencia y la impunidad de la que gozan los delincuentes, cobra una mayor dimensión en el Campo de Gibraltar. La comarca registra el 44,2% del total de los episodios denunciados en 2020 en la provincia con policías nacionales como victimas y el 36,1% con guardias civiles; en total, 170 y 39 ataques, respectivamente. “Pedimos a la judicatura que sea sensible porque las condenas son la única manera de cortar de raíz” el fenómeno, apuntaba hace una semana y media a Juanlu Reyes en 7TV el presidente de la Coordinadora Alternativas y miembro de la Plataforma Por tu seguridad, Francisco Mena.
“Un detenido por embestir a un agente con su vehículo sale del juzgado dos horas después de terminar el turno del agente que lo detuvo”, se queja uno de los integrantes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Algeciras, con más de dos décadas de servicios operativos en su trayectoria profesional. “Cuando llega el juicio, suele haber conformidad”, lo que minimiza la pena. Sin antecedentes, no pisarán la cárcel pese a ser condenados por atentado contra la autoridad.
El funcionario asegura que hace diez días hubo una persecución en El Cobre que acabó con un coche estampado contra una farola; hace tres semanas, otro vehículo terminó destrozado en la rotonda de Los Arbolitos, en Los Pastores. “Los encargados del transporte de droga o tabaco son gente joven que asume un mayor riesgo”, incluso cuando solo conducen un todoterreno robado, adaptado para la carga, pero vacío en el momento del alto policial. No tienen miedo a las consecuencias, tampoco tienen experiencia.
“Nos jugamos la vida” en cada control. Además, alerta de que se ha detectado armamento de guerra. “Nosotros jugamos en desventaja”, con furgonetas, por ejemplo, y apenas una treintena de agentes adscritos a la unidad, con refuerzos quincenales en Algeciras, solo hasta diciembre, con seis integrantes de UPR del resto de España, y otros doce en La Línea. La mayoría no conoce el terreno. En muchos casos, el seguimiento de un coche desde la playa a un garaje o una guardería se dificulta. En la plantilla, en cualquier caso, apenas aguantan en el destino dos o tres años a los sumo, “y la cúpula policial no cuenta con los compañeros de base”.
“Esto es una guerra invisible” que, lejos de ir ganándola, como sostiene el Gobierno, hay que tomarla en serio para no perderla de una vez, concluye el agente, curtido en la batalla, a punto de ser atropellado en una ocasión, encañonado por un narcotraficante, en otra. El estallido social en La Línea tras la muerte de dos contrabandistas agrava el problema.
Uno de funcionarios de Vigilancia Aduanera que salvó al contrabandista en el mar: “Es lo habitual”
Uno de los tripulantes que participó en el rescate de un contrabandista de tabaco en la madrugada del jueves pasado frente a la playa de La Atunara, en La Línea, asegura que “es más habitual de lo que parece”. Hace solo unos meses, auxiliaron a otros dos delincuentres cuya embarcación, cargada de hachís, se hundía. “No dudamos en poner en riesgo nuestras vidas para salvaguardar la de quien precisa ayuda en el mar -remarca-; en unas circunstancias así, nos olvidamos de lo que transporten”.
Todo ello pese a que admite que la actitud de los criminales es más agresiva en los últimos tiempos. El suceso de esta semana se produjo en una nueva persecución. Abiertas diligencias al respecto, ha trascendido que, en una maniobra temeraria cercana a las rocas por parte de los delincuentes, uno de los dos ocupantes de la lancha salió despedido y “cayó de mala manera”. El uniformado se lanzó al agua para rescatarlo.
La Asociación de Funcionarios de Vigilancia Aduanera del Campo de Gibraltar (AFVA) celebró que el compañero “y el resto de varones implicados” se encontraran en buen estado, pero advirtió de que “el contrabando es una lacra en auge” que, sin embargo, “en parte de la sociedad no está mal vista y se considera una vía de trabajo más”.
