El portavoz del Partido Independiente Valle del Guadiaro (PIVG), Jesús Mayoral, prevé remitir la Fiscalía Anticorrupción en un plazo de una semana o semana y media documentación para que actúe ante el presunto caso de enchufismo de familiares y allegados a cargos municipales del PSOE en Sacyr-Valoriza, la empresa concesionaria de la limpieza viaria y de colegios de San Roque.
El concejal del PIVG ha reunido pantallazos en redes sociales en los que numerosos vecinos advierten de lo que consideran un escándalo dada la falta de publicidad de la selección de personal, dando cuenta de nombres y apellidos de empleados y su vínculo con concejales socialistas, como “el hijo de Juan José Serván”, “el hermano de Ana Ruiz” o “un primo” del propio primer edil, Juan Carlos Ruiz Boix. Asimismo, remitirá al juzgado sus intervenciones en plenos, en las que interpela directamente a los acusados, sin obtener respuesta.
Mayoral ha confirmado que ultima la denuncia un día después de que haya trascendido en páginas del VIVA que al menos una veintena de afiliados socialistas se sacaron el carné del partido semanas antes de la firma del contrato o solo unas semanas después en servicios municipales, entre enero de 2020 y este septiembre .
Cuestionado respecto a esta información y la intención del PIVG de trasladar el proceso de selección a la Fiscalia Anticorrupción, el director de la zona Sur de Sacyr-Valoriza, José Luis Salegui, se ha remitido a los servicios de comunicación de la sociedad, que no dieron respuesta en la jornada de hoy.
Sacyr-Valoriza se adjudicó el servicio, por un importe de casi 12 millones de euros y cuatro años en noviembre de 2020. La empresa, responsable también del ciclo integral del agua en Sotogrande, participa asimismo en la UTE Bioreciclaje, que gestiona el Complejo Ambiental de Miramundo, en Medina Sidonia, gracias a una concesión por 30 años del Consorcio Bahía de Cádiz, presidido precisamente por Juan Carlos Ruiz Boix, y que también está en la picota por un demoledor informe emitido por la Vicesecretaría General de la Diputación.
Elaborado en marzo de 2019, el documento advertía que, según la auditoría externa encargada a la empresa 2020 Ingenieros, se había producido “un enriquecimiento injusto de Bioreciclaje por la aplicación de costes que van más allá de los reales, además de que incumple las obligaciones medioambientales en la provincia”.
