El Servicio de Disciplina Urbanística del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto ha notificado a Ecologistas en Acción la incoación de un expediente de protección de la legalidad urbanística a la empresa MARSUR TS-21 SL, como responsable del vertido ilegal de escombros en el Rancho Linares. Lo más sorprendente es que ahora se reconoce que el terreno es propiedad municipal, lo que se había ocultado.
Este vertido de 13.000 toneladas de escombros fue denunciado por Ecologistas en Acción al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía en mayo del año pasado.
En nota de prensa, Ecologistas anuncian que desde "el Área de Medio Ambiente no hizo nada, y el Área de Urbanismo intentó legalizar el vertido de escombros con el subterfugio de que era una zona de acopio para una planta de reciclaje de escombros con destino a la urbanización del Rancho Linares. Toda esta burda maniobra para intentar eximir a la empresa MARSUR de responsabilidades se vino abajo ante la intervención por la Delegación de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, que impuso a esta empresa una sanción 240.401 euros y la obligación de restauración ambiental del terreno, y ante la anulación del Proyecto de Urbanización por el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción".
La notificación del expediente incluye un informe del Inspector del Servicio de Disciplina Urbanística que aporta información muy relevante sobe la actuación municipal, que demuestra hasta qué nivel de negligencia y connivencia han llegado los máximos responsables del Ayuntamiento para encubrir ilegalidades urbanísticas y medioambientales.
Recuerdan que "el Jefe de Servicio de la Sección de Litoral del Área de Medio Ambiente notificó al Área de Urbanismo que el “'elleno' de escombros tiene como objetivo “su posterior reutilización in situ como árido en obras de urbanización”, y que la zona afectada no se corresponde con parcelas destinadas a su cesión al Ayuntamiento. Ambas afirmaciones son totalmente falsas", exponen.
Para Ecologistas, "lo más sorprendente es que en dicho informe se asegure que “la parcela rellenada esta catastrada con el numero 0768203QA5506H0001ME siendo su propietario actual el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María”. A pesar de que la titularidad es municipal, el Área de Medio Ambiente se negó a incoar expediente sancionador contra la empresa que se dedicó a verter miles de toneladas de escombros".
Igualmente, "otra sorprendente revelación es que el acuerdo de 11 de Febrero de 2021 de la Junta de Gobierno Local por el que se estimó el recurso de Ecologistas en Acción contra la aprobación del Proyecto de Urbanización del Rancho Linares, no se trasladó al Servicio de Disciplina Urbanística, que tuvo conocimiento del mismo a través del escrito presentado por Ecologistas en Acción".
De la misma manera, también apuntan que por ello es una "grave inacción de la concejal de Urbanismo Danuxia Enciso, que ocultó la anulación del Proyecto de Urbanización del Rancho Linares a su propio Servicio de Disciplina Urbanística, para así evitar la incoación de los correspondientes expedientes sancionador y de protección de la legalidad urbanística. Al final, la concejala se vio en la obligación de sancionar a la empresa, a la que impuso la ridícula multa de 674 €, obviando la obligación de la retirada de los escombros".
"Ahora, año y medio después de la denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción, el Servicio de Disciplina Urbanística le remite un detallado informe a la Sra. concejala de Urbanismo, en el que se concluye que “procede iniciar procedimiento de protección de la legalidad urbanística a MARSUR TS-21 S.L, por la ejecución de obras, careciendo de licencia urbanística, consistentes en relleno de parcela situada en el ámbito del SOU R-22 RANCHO LINARES con material procedente de una demolición, al tratarse de actos incompatibles con la ordenación urbanística por carecer de proyecto de urbanización definitivamente aprobado que legitime tal actuación, por cuanto ha de advertirse al interesado de la necesidad de reposición de la realidad física alterada mediante la reposición de la configuración de los terrenos a su estado anterior, con restauración de la cubierta vegetal, por no resultar posible la legalización de las referidas actuaciones”.
Es por lo que "la concejal no ha tenido más opción que incoar dicho expediente contra la empresa que tanto ha defendido, y tras haber asegurado reiteradamente que todo el procedimiento de aprobación del Proyecto de Urbanización era perfectamente legal, y haber pretendido legalizar la escombrera como una supuesta planta de reciclaje para que no se sancionara a la empresa".
Ecologistas en Acción "vuelve a exigir al alcalde que se pronuncie sobre tantas ilegalidades e irregularidades cometidas por los máximos responsables de las Áreas de Urbanismo y de Medio Ambiente, y que renuncie definitivamente a urbanizar el Rancho Linares, so pena de incurrir en nuevas ilegalidades que pueden derivar en responsabilidades penales".
