Alwadi-ira/Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones a los proyectos de nuevas plantas fotovoltaicas Artemisa y Heracles que pretenden instalarse en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), según informa el colectivo.
Además de estas alegaciones, presentadas ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, ha solicitado al Ayuntamiento de Alcalá la suspensión de ambos proyectos durante un año, al objeto de gestionar su "paralización definitiva", extremo que demandan los ecologistas.
Igualmente, Alwadi-ira ha solicitado a la Fiscalía de Medio Ambiente, entre otras medidas, que se dicte declaración de nulidad de pleno derecho de todas las licencias urbanísticas otorgadas hasta la fecha sobre "suelo no urbanizable" en el término municipal de Alcalá de Guadaíra, en base al artículo 12.1. de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables de Andalucía, por haberse tramitado "sin la planificación sectorial estratégica y de armonización urbanística".
Para Alwadi-ira -Ecologistas en Acción, "resulta innegable la contribución de la energía solar fotovoltaica a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a la consolidación de un tejido productivo descarbonizado", pero "la repercusión negativa de las plantas fotovoltaicas no puede ser ignorada: fragmentación del territorio, ocupación de suelos, impactos paisajísticos, consumo de agua, usos agroganaderos en conflicto, pérdida de biodiversidad, etcétera".
LA RECUPERACIÓN SERÍA "UNA QUIMERA"
Así, por ejemplo, si se permite la utilización de más de 85 hectáreas para la planta fotovoltaica de Artemisa, que se suma a otros proyectos ejecutados o en ejecución, "el espacio de la dehesa de Bucaré quedará rodeado por tales instalaciones, el declive de los terrenos afectados será inevitable y la recuperación una quimera a todos los efectos, causando un irreparable daño medioambiental a esta área geográfica del municipio alcalareño".
El grupo ecologista indica en sus documentos de alegaciones que la superficie ocupada por las plantas fotovoltaicas en el término municipal de Alcalá y los proyectos que se están tramitando ascienden ya a más de 3.000 hectáreas, lo que representa "más de un 12 por ciento del suelo no urbanizable".
Además, en sus alegaciones se desgranan argumentos como que no se acredita el interés social o utilidad pública para invadir zonas de especial protección o de carácter rural o natural. "Estos proyectos responden a intereses fundamentalmente económicos del sector, sin que se haya valorado suficientemente la pérdida del suelo, el paisaje ligado a la propia actividad agrícola y a elementos territoriales de gran interés, como el río Guadaíra y su cuenca", exponen los ecologistas.
