El Ejecutivo reserva 9,5 millones para daños del lobo y 10,5 para prevención

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está ultimando la estrategia nacional del lobo que tiene como propósito que los criterios de gestión en el conjunto del país estén "homogeneizados" y que está dotada con un presupuesto de 20 millones, 10,5 para apoyar a las explotaciones ganaderas en la puesta en marcha de medidas preventivas y 9,5 para el pago de daños.

Así lo ha afirmado este martes en Oviedo el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien ha ofrecido una rueda de prensa tras mantener un encuentro con la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, y reunirse con representantes del sector ganadero.

Morán ha explicado que esta financiación está recogida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, una cantidad que apoya "adecuadamente" a las cabañas ganaderas.

Con esta partida, ha señalado que el Gobierno de España financiará al "cien por cien" las inversiones que se realicen en las explotaciones para medidas preventivas, como la compra de mastines o la instalación de cercados, y al 50 por ciento el pago de daños ocasionados por el lobo.

Morán ha explicado que en uno de los objetivos de la estrategia nacional es fijar el mismo baremo de tasación de los daños en el conjunto del país, así como establecer idénticos plazos para el abono de las indemnizaciones.

Según ha dicho, tras consultar a las comunidades autónomas y al sector ganadero, la previsión del Gobierno es llevar en diciembre el borrador de la estrategia a una conferencia sectorial para que pueda estar aprobada desde el 1 de enero de 2022 y que los 20 millones de los PGE estén a disposición de los afectados.

"Es un proceso largo donde hay diferentes formas de enfrentarse a la realidad. Lo complicado es hacer converger las dos visiones", ha agregado.

Tras el rechazo de Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León de incluir al lobo el Listado de Especies Silvestre en Régimen de Protección Especial (Lespre), cuestión contra la que las comunidades afectadas han interpuestos recursos contenciosos administrativos, el secretario de Estado ha comentado que "no se ha suspendido ningún plan de gestión" de ninguna región porque el Gobierno no tiene competencias en ese sentido.

En este punto, ha añadido que los únicos territorios que ha visto alterado su régimen de gestión son los que autorizaban cacerías, porque los planes de extracción, como el asturiano, están permitidos por la normativa europea.

"Se pueden seguir haciendo extracciones y capturas. La Comisión Europea admite estos mecanismos", ha apuntado, antes de precisar que el marco comunitario fija, no obstante, que los ejemplares a batir se cuantifiquen tras conocer los daños y no antes.

Así, ha dicho que el Principado cuenta con el modelo que "más se parece" al de Europa y que lo tiene "relativamente fácil" para adaptar su plan de gestión a la nueva estrategia nacional.

Morán también ha valorado el grupo de trabajo de las cuatro comunidades del noroeste puesto en marcha de manera alternativa al compuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica dado que "han entendido que no se puede hacer un análisis desagregado" de la situación del lobo.

"Es un paso muy importante y marca una diferencia respecto a la situación anterior", ha puesto de manifiesto.

El secretario de Estado ha recordado que un estudio elaborado en 2018 con los datos aportados por las comunidades autónomas indicaba que la evolución del lobo era "desfavorable" y que se había constatado un "repunte de daños".