El Partido Popular (PP) ha solicitado al gobierno encabezado por la socialista Patricia Cavada que no se desentienda del servicio municipal de ayuda a municipal tras los reiterados incumplimientos de la concesionaria que han sido denunciados por el comité de empresa de este servicio.
De esta forma se ha pronunciado la concejal popular, Mª José de Alba, al término de la reunión mantenida hoy con las representantes de las trabajadoras, en la que expusieron la situación de precariedad laboral a la que tiene que hacer frente una plantilla formada por 156 mujeres.
“Queremos conocer el grado del cumplimiento de la plica por parte de la empresa contratada por el Ayuntamiento para ofrecer este servicio, que en la actualidad asume los cuidados de 317 personas dependientes”, expuso la edil.
“Los isleños tenemos el derecho y la obligación de conocer de qué manera se está utilizando el dinero de nuestros impuestos y, muy especialmente, cuando se trata de una cuestión tan sensible como es la atención a personas en situación de dependencia. Por ello solicitamos al gobierno de PSOE y Ciudadanos, que controle el cumplimento del contrato por el que se adjudicó el servicio municipal de ayuda a domicilio. De esta forma quedarán despejadas las muchas dudas existentes sobre el cumplimiento de la plica por parte de la adjudicataria, a la que el Ayuntamiento ha prorrogado recientemente el contrato por seis meses. No queremos ser cómplices de unos supuestos incumplimientos laborales por parte de la empresa que puedan estar perjudicando a las auxiliares y, por asociación, a los propios usuarios”, quiso aclarar De Alba.
Las protestas de este colectivo se centran “de momento” en el incumplimiento de la concesionaria en materia de vestuario. Mientras el contrato prevé un gasto de 186 euros anuales en uniformidad y vestimenta de trabajo, la empresa apenas invierte 40 euros en esa materia.
“Las auxiliares denuncian que trabajan con su propia ropa, costeándose aquello que necesitan pese a que en contadas ocasiones los salarios superan los 400 o 500 euros. No es de recibo que contando con una partida específica para ello, la concesionaria esté, supuestamente, ‘ahorrándose’ en vestuario una cantidad económica importante. El gobierno y Patricia Cavada son conscientes de estas denuncias y, sin embargo, continúan sin hacer nada”, apuntó.
“Estamos cansados de que cada obra que ejecuta el Ayuntamiento, cada servicio que adjudica termine costándonos a los isleños mucho más de lo previsto, y todo ello por la falta de fiscalización y control del equipo de gobierno”, finalizó De Alba.
