El parlamentario de Ciudadanos (Cs) por Huelva y portavoz adjunto del partido liberal en el Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha presentado sendas Proposiciones No de Ley (PNL) en la Cámara autonómica para "defender los intereses de los agricultores onubenses, acosados por los robos en sus fincas, y la seguridad alimentaria de los consumidores de Huelva que se ven expuestos a unos productos que no han pasado por todos los controles de salud e higiene necesarios".
Díaz, en una rueda de prensa celebrada este viernes en la sede de Cs en Huelva, ha explicado que el objetivo de la primera de las iniciativas, que se debatirá la próxima semana en la Comisión de Presidencia, solicita al Parlamento que inste al Gobierno de España a que "incremente los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en las zonas rurales de la provincia y singularmente en aquellos municipios donde radica la pujante actividad agrícola, que nos ha convertido en líderes en las exportaciones agroalimentarias".
El parlamentario liberal, que ha recordado que "llevan años viendo cómo se detraen agentes de la provincia, hasta el punto que hay cerca de 200 efectivos menos entre guardias civiles y policías nacionales", ha pedido también al consejero de Presidencia, Elías Bendodo, que "en coordinación con las policías locales y los ayuntamientos, en el seno de la Comisión de Coordinación de Policías Locales, arbitre medidas para prevenir la venta ilegal de frutas robadas en las plantaciones agrícolas".
"Es muy grave que se permita de alguna forma que se pueda vender mercancía robada y que haya ciudadanos que, mediante el delito de receptación, la compre", ha apostillado.
En este sentido, Díaz, que ha puntualizado que estos robos afectan tanto a las producciones de frutos rojos, como a los cítricos, las castañas y las frutas tropicales que se cultivan en la costa, con una media de 30 robos por explotación y de 300 a 500 kilos por cada robo, ha inquirido a la Consejería de Salud que "incremente los controles de la venta ambulante ilegal", así como que "ponga en marcha campañas informativas dirigidas a la población para advertirle de los riesgos del consumo de estos productos robados, que no han pasado los controles que garantizan la seguridad alimentaria".
"La venta de este tipo de productos de forma irregular imposibilita la trazabilidad de los mismos, con lo que conlleva un perjuicio para la salud pública que debemos evitar", ha concluido.
