Preacuerdo para traspasar a Cataluña la gestión de becas e ingreso mínimo

Gobierno y Generalitat han preacordado el futuro traspaso a Cataluña de la gestión de becas, seguros escolares y del ingreso mínimo vital, así como la cesión de infraestructuras demandadas históricamente por el Ejecutivo catalán, como el observatorio del Turó de l'Home.

La comisión bilateral Estado-Generalitat se ha reunido este viernes en el Palau de la Generalitat, en Barcelona, con la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, y la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, encabezando ambas delegaciones.

Uno de los principales puntos de la reunión ha sido el "preacuerdo" para el traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital, una prestación no contributiva que opera en paralelo a la renta garantizada de ciudadanía, que ofrece la Generalitat, cuya intención es caminar hacia una gestión integrada de ambas prestaciones.

También se ha acordado la creación de tres ponencias técnicas para traspasar la gestión de becas para estudiantes, para seguros escolares y para los módulos económicos de órganos judiciales.

La Generalitat también recuperará varias fincas forestales, pero especialmente dos infraestructuras históricamente demandadas, el observatorio meteorológico del Turó de l'Home y el canal de regadío Xerta-Sènia; además de siete depuradoras y un edificio del registro civil en Barcelona.

Asimismo, se ha acordado el traspaso de la autovía B-23 y una inversión de 20 millones de euros por parte del Gobierno, que permitirán la creación de un carril-bus de acceso a Barcelona para mejorar la movilidad y que beneficiará a más de 30.000 usuarios; pero en cambio no se ha cerrado el cambio de titularidad para la B-30 y se seguirá trabajando para lograr ese acuerdo más adelante.

El último punto ha estado dedicado a expresar consideraciones por parte de ambos gobiernos, sobre puntos que no han podido entrar en el orden del día.

La Generalitat ha aprovechado para hacer hincapié en la disposición adicional tercera, como también respecto a la posibilidad de un convenio nuevo para traducir al catalán el Boletín Oficial del Estado, con financiación al 50 %; sobre la presencia del catalán en instituciones europeas; o sobre la convocatoria de secretarios e interventores municipales.