En el auto, al que ha tenido acceso Efe, la juez única de Sigüenza e instructora del caso, María del Mar Lorenzo, tipifica los hechos de los veinte procesados como delitos de incendio forestal por imprudencia grave, y añade para ocho de ellos delitos contra la seguridad de los trabajadores y para siete de éstos delitos de homicidio por imprudencia profesional.
La juez ha dictado asimismo un segundo auto, al que también ha tenido acceso la agencia Efe, por el cual sobresee la causa respecto a los otros nueve imputados, en su mayoría excursionistas que prendieron el fuego en la barbacoa próxima a la cueva de los Casares en la que se originó el incendio, aunque tres de ellos sí están procesados.
Hace dos meses, el 13 de noviembre de 2009, la juez dejó sin efecto el auto que ella dictó en mayo debido a que había llevado el caso por un procedimiento abreviado en vez de sumario.
En octubre la Audiencia Provincial de Guadalajara le instó –a petición de la fiscalía– a que llevara el caso por el procedimiento sumario porque había solicitudes de pena superiores a nueve años.
Así, el juicio tendrá lugar en la Audiencia Provincial y no en el juzgado de Sigüenza.
Los altos cargos políticos procesados son la entonces consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha –quien dimitió días después del incendio–, Rosario Arévalo, y el entonces director general castellanomanchego del Medio Natural, José Ignacio Nicolás.
Fuentes judiciales han informado a Efe de que Nicolás está también procesado, aunque por un error no figure en el listado final del auto de procesamiento, después de que sus hechos los considere la juez como delito en el punto anterior de la resolución judicial.
Otros cargos políticos procesados son el entonces delegado provincial de Medio Ambiente, Sergio David González; el director del parque natural del Alto Tajo, Rafael Ruiz; el alcalde de Riba de Saelices entre 1999 y 2003 –cuando se hicieron obras en la barbacoa–, Hipólito Sebastián, y el alcalde en 2005, José Luis Samper.