La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha tomado este martes declaración como testigos a los exconsejeros socialistas de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, en el marco del juicio promovido sobre las ayudas autonómicas a empresas vinculadas al sector del corcho, como Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera, con cargo a la partida presupuestaria 31L de la Junta de Andalucía, con la que eran sufragados los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y subvenciones arbitrarias y sin publicidad.
Los citados exconsejeros fueron excluidos de este proceso judicial, recordémoslo, merced a la aplicación del principio "non bis in ídem", según el cual una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, toda vez que ambos figuran ya como condenados en la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla sobre el "procedimiento específico" mediante el cual eran canalizados los fondos de la partida presupuestaria 31 de la Junta de Andalucía.
En esa pieza, la Sección Primera de la Audiencia condenó a 19 de los 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía juzgados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los mencionados exconsejeros.
No obstante, recordemos que Antonio Fernández fue además juzgado y condenado por la pieza de esta macrocausa correspondiente a las ayudas públicas destinadas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco), al considerar el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia que aquellos hechos fueron "diferentes" a los del denominado "procedimiento específico".
En este contexto, el presidente del tribunal, el magistrado Carlos Lledó, les ha recordado que su comparecencia como testigos en este juicio les ponía en una "situación peculiar" dada la posibilidad de afrontar preguntas que pudiesen afectar a su condición en otros procedimientos judiciales relacionados con este, extremo por el cual ambos han declarado asistidos de sus respectivos abogados.
Podían negarse a contestar
En cualquier caso, el presidente del tribunal les ha recordado su derecho a no contestar aquellas preguntas que considerasen que pudiesen afectar a su condición en otros procedimientos judiciales relacionados con este; así como su obligación de decir la verdad en caso de optar por responder.
Al comenzar cada una de sus comparecencias, el presidente del tribunal les ha preguntado sobre su relación o no con los acusados, que son Ángel Rodríguez de la Borbolla, --hermano del expresidente socialista de la Junta José Rodríguez de la Borbolla y exalcalde de Cazalla de la Sierra por el PSOE--, por su papel de socio mayoritario, administrador único o apoderado de las empresas investigadas; el actual alcalde de Cazalla, Sotero Manuel Martín Barrero, como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas; el coadministrador de las empresas Rogelio B.M.; un empresario portugués administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como Fernando Pedro M.O.; y un responsable bancario identificado como Gerardo C.E.
En conjunto, el caso abarca las ayudas concedidas entre 2001 y 2007 por importe de 8.408.096,42 euros a este grupo de empresas, "prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin fiscalización, justificación ni control previo, y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria", según el juez instructor José Ignacio Vilaplana.
La "relación política" entre Viera y Borbolla
José Antonio Viera ha manifestado, así, que tuvo "vinculación política" con Ángel Rodríguez de la Borbolla dadas las responsabilidades de cada uno de ellos como dirigente autonómico y alcalde, respectivamente, si bien ha negado que les uniese una "amistad". Es más, Viera ha asegurado que su "relación política" con Ángel Rodríguez de la Borbolla "no era buena", rememorando que el que fuera alcalde de Cazalla no le apoyó durante su etapa como secretario general del PSOE de Sevilla. En cualquier caso, ha dicho que no se reunió con él.
En paralelo, ha defendido que el respaldo a las empresas del sector del corcho formaba parte de la "estrategia" de la Junta de Andalucía en materia económica. Y mientras la Guardia Civil considera que las ayudas indagadas reflejan un "trato de favor" a las empresas del corcho de la Sierra Norte sevillana, relacionadas con Rodríguez de la Borbolla, Viera ha alegado que la Sierra Norte es "una zona deprimida" de Andalucía y la actividad relacionada con el corcho constituye "un elemento" económico importante en la zona.
Igualmente, ha considerado que las "demandas" de ayudas autonómicas para esta actividad procederían de "personas vinculadas" al sector del corcho, recayendo las mismas según ha "imaginado" en el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, también condenado en la causa correspondiente al "procedimiento específico" y fallecido en octubre de 2020.
Fernández y su reunión con Borbolla
Antonio Fernández, por su parte, ha alegado que para él, Rodríguez de la Borbolla era "un conocido", si bien ha negado "intereses personales o amistad" con él, mientras a Sotero Martín no le conoce "personalmente" pero sí cuenta con "referencia" de él por su papel como actual alcalde de Cazalla. Al punto, ha rememorado que sólo habría participado en una reunión con Rodríguez de la Borbolla, quien habría acudido acompañado del empresario luso Fernando Pedro M.O., en el papel de "posible inversor" y portador de tecnología innovadora para la actividad del corcho.
Eso sí, ha precisado que el motivo de dicho encuentro no era el de "garantizarse una ayuda" como tal, explicando el exconsejero que todos los empresarios y promotores de proyectos buscan el respaldo de las administraciones antes de iniciar una actividad.
Las empresas de la Sierra Norte
El que fuera viceconsejero de Empleo y después consejero del ramo en relevo de Viera ha defendido que las empresas del sector del corcho de la Sierra Norte de Sevilla accedieron a estas ayudas en cuestión, no así las empresas similares de Cádiz y Huelva, porque se trataba de políticas destinadas al "mantenimiento de la actividad industrial" y las sociedades sevillanas del sector del corcho fueron las únicas que "apostaron por la transformación" del sector con una "industrialización" de las actividades.
Dado el caso, ha negado que pesase una "discriminación" a la hora de aplicar estos fondos públicos, asegurando que el "debate sobre la sostenibilidad del sector del corcho" se remonta a los años 80 del pasado siglo y Andalucía contaba con un "plan" en la materia, pesando la "iniciativa" del sector del corcho de la Sierra Norte en favor de la "transformación" industrial de la actividad.
Finalmente, el exconsejero ha asegurado que a él no le "consta" que mediase orden alguna de José Antonio Viera para el pago de las ayudas investigadas.
