LLa Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha pedido el procesamiento de los cuatro etarras que integraban el comando 'Buru Ahuste' por el asesinato del juez Francisco Querol a causa de la explosión de un coche bomba el 30 de octubre del año 2000 en Madrid.
En un escrito del pasado 28 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación considera que existen elementos indiciarios suficientes para concluir que el atentado fue ejecutado de común acuerdo por Ana Belén Egües, Iván Apaolaza, Juan Luis Rubenach y Gorka Palacios.
Entre esos indicios la AVT se refiere, entre otros, a la 'kantada' que fue elaborada en su día por la propia Egües. Se trata del escrito que realizan los terroristas y remiten a la dirección etarra, incluyendo las actividades llevadas a cabo antes del arresto y los motivos por los que pueden haber sido detenidos.
"En dicha autocrítica se recogen los atentados reconocidos por la detenida ante la Policía entre los que se encontraba el atentado objeto de las presentes actuaciones", apunta el escrito.
Pero, además, la asociación también hace alusión al plano de la ciudad de Madrid intervenido en un registro en Francia en el que la mayor parte de sus anotaciones y marcas fueron realizadas por los miembros del comando. En concreto, en ese documento se señalaban cuatro atentados entre los que se incluía el del juez Querol.
En este contexto, la AVT incluye un informe de inteligencia que señala que los cuatro etarras habrían robado el vehículo utilizado, cómo participaron en las vigilancias del objetivo y qué miembros trabajaron en la elaboración del explosivo que termino con la vida del magistrado.
Se tratan tan solo de unos cuantos de los hasta 24 indicios que la AVT ha utilizado "a modo de recapitulación" y para insistir en quienes fueron los autores del ataque. Entre los mismos también se cuentan las declaraciones de los etarras, atestados policiales y varios tipos de informes periciales y de inteligencia.
EL JUEZ ORDENÓ TOMAR DECLARACIÓN A EXDIRIGENTES ETARRAS
Esta petición de la asociación llega unos meses después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, acordase tomar declaración a casi una docena de exdirigentes etarras, entre ellos 'Anboto', 'Txapote' e 'Iñaki de Rentería', por el asesinato del juez Querol y tras admitir una querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia.
Fue el pasado mes de diciembre cuando el magistrado dio curso a una querella que busca esclarecer un atentado en el que además de Querol, que era el objetivo, perdieron la vida su conductor, Armando Medina; el policía nacional Jesús Escudero; y un conductor de la EMT llamado Jesús Sánchez. Otras 30 personas resultaron heridas.
En esa misma resolución, el magistrado también ordenó que se practicase la declaración de todos los querellados, esto es, de los integrantes de la ZUBA o Comité Ejecutivo de la banda terrorista en aquella época.
Dignidad y Justicia apuntaba en su querella al que por entonces era el jefe del Comando Madrid, Gorka Palacios, así como a Ignacio Miguel Gracia, alias 'Iñaki de Rentería'; Juan Carlos Iglesias, 'Gadafi'; Javier García, 'Txapote'; Juan Antonio Olarra, 'Jokin'; Ainhoa Mugica, 'Olga'; Asier Oyarzabal, 'Baltza'; Mikel Albisu, 'Mikel Antza'; Vicente Goicoechea, 'Willy'; Ramón Sagarzazu, 'Ramontxo'; y María Soledad Iparraguirre, 'Anboto'.
CON ESPECIAL INTERÉS EN LOS APARATOS DE LA BANDA
Además, accediendo a las peticiones de Dignidad y Justicia y con el respaldo del Ministerio Fiscal, el juez instructor reclamó tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil que informasen, en base a los datos que posean, de "la composición nombre a nombre de toda la estructura de mando de ETA, intermedia y superior de la propia ZUBA o Comité Ejecutivo al momento de los hechos (...), especificando los distintos aparatos en los que cada uno de los querellados se integraba" en ese momento.
Pedraz expresaba entonces su "especial interés en los aparatos militar, político y logístico o aparato por medio del cual e independientemente de su denominación se hubiese dado cobertura y soporte efectivo al Comando Madrid posibilitando la presencia clandestina efectiva y su operatividad criminal".
PONE EL FOCO EN EL COMANDO MADRID
En concreto, el juez pretende averiguar quiénes estuvieron implicados en "la consecución y exitosa introducción clandestina hasta Madrid de la gran cantidad de explosivos del coche-bomba que sería detonado el 30 de octubre".
"Ello con adicional ampliación de las concretas funciones del querellado (Gorka) Palacios Alday, como responsable, y de cualquier otro tipo como mando del Comando Madrid sobre el terreno", especificó, pidiendo igualmente el listado de "altas y bajas" de este comando entre 1999 y 2000.
También se interesaba por conocer el "'modus operandi' de los mecanismos internos de dirección de ETA y de toma de decisión en su ZUBA, y en relación a los criterios de suministro de armas y materiales", para determinar cómo se transmitían las órdenes e instrucciones de la cúpula a los comandos y el "funcionamiento logístico" sobre los explosivos.
Asimismo, solicitó a la Comisaría General de Información que se examinen los sellos relativos a ETA entregados por Francia "a fin de determinar si existe rastro documental de la reunión orgánica celebrada entre los dirigentes de ETA y los miembros del comando que fue previa al asesinato del magistrado José Francisco de Querol".
