El PP ha solicitado la convocatoria del consejo de administración de la Empresa Municipal de Suelo (ESISA) tras casi cumplirse cinco meses desde su última sesión.
Los populares recuerdan que el órgano de dirección de esta empresa pública lleva sin reunirse desde el pasado 19 de enero pese a que hay temas de suma importancia que requieren del concurso de los consejeros de ESISA.
Entre los asuntos pendientes de ser abordados se encuentra la asignación de nuevos inquilinos a las viviendas de titularidad municipal que han quedado libre, el estudio de venta de Fadricas II, o el seguimiento a las obras de viviendas sociales en Alsedo.
En todo este tiempo, desde que se forzase el cese de la socialista Claudia Márquez, la actual presidenta de ESISA y delegada de Urbanismo, María José Foncubierta, “solo ha hecho una cosa, y es algo inaudito, tanto como, y según como apuntan nuestros indicios, reunirse con SOGESCAR (la sociedad participada por ESISA junto a la inmobiliaria Acinipo y la constructora Sando que se creó para afrontar el desarrollo urbanístico de los terrenos de la desaparecida Fábrica de San Carlos) sin contar siquiera con la presencia del gerente de la empresa municipal. “Ni tan siquiera han podido aprobarse los presupuestos para este 2022”, subraya.
“El PSOE de Patricia Cavada está demostrando hasta dónde es capaz de hundir la participación democrática de las instituciones y empresas públicas”, señala el PP en un comunicado. “Cavada en San Fernando, a imagen de lo que Sánchez está haciendo en todo el país, está extinguiendo la participación y ocultando de la vista pública la acción del gobierno. Esto no puede seguir así”, exigen los populares.
Sin defensa
El ninguneo que el gobierno socialista está sometiendo al consejo de administración de ESISA -integrado por profesionales designados por los partidos políticos con representación municipal-, llega a su máxima expresión con la indefensión en que se encuentra la empresa ante la denuncia que contra la propia ESISA y tres de sus trabajadores, interpuso en enero de 2021, la entonces presidenta de la entidad y delegada de Urbanismo, la ya citada Claudia Márquez.
“Resulta muy vergonzoso que sea el propio Ayuntamiento el que esté demorando la defensa jurídica de una empresa de titularidad municipal, a no ser que sea la propia alcaldesa Patricia Cavada la que esté autorizando esta inédita situación para que, finalmente, su compañera Claudia Márquez quede eximida de cualquier responsabilidad aun a costa de poner en entredicho a una empresa pública y a sus trabajadores”, concluye el comunicado del PP.
