En su intervención ante la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados, el ministro explicó que esta semana llevará al Congreso de los Diputados un informe sobre las bonificaciones que exigió la Ley de fomento de medidas urgentes aprobado a finales de 2009, que servirá para "abrir una reflexión" sobre estos incentivos.
Corbacho admitió que "probablemente" estos 292 millones parecen "poco" para incentivar la contratación en 2010, pero recordó que cuando se adoptan políticas de este tipo se afrontan compromisos "que van más allá del ejercicio presupuestario" y suponen una "reflexión más de fondo".
Dos años
El ministro destacó la necesidad de "quebrar" la universalidad de las bonificaciones para plantearlas en tiempo "determinado" y para "colectivos concretos". En este sentido, señaló que se evaluará su eficacia al final de un periodo de dos años. "Si en dos años la medida no da resultados, habrá que derogarla y destinar sus recursos a otros fines", incidió.
En este sentido, señaló que cuando acabe a finales de 2010 la vigencia de la Ley de medidas urgentes de fomento del empleo, habrá que estudiar cuántos desempleados han sido contratados acogiéndose a las bonificaciones del 100% en las cotizaciones que contempla la citada norma.
"Si son pocos, habrá que preguntar a las empresas por qué, cuando ésta es una de sus principales reclamaciones para poder crear empleo", incidió.