El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación del Ayuntamiento de San Roque contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), tras la denuncia del Partido Independiente del Valle del Guadiaro (PIVG) contra la contratación de varias personas como personal eventual de confianza en 2019.
Recuerda el portavoz del PIVG, Jesús Mayoral, que aquellas contrataciones efectuadas por el gobierno local de Juan Carlos Ruiz Boix vulneraban la ley de incompatibilidad de funciones, al ejercer también como consejeros de las empresas municipales, puestos a los que accedieron previamente.
“Como ya esperábamos, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Ayuntamiento y además le condena en costas por la cantidad máxima establecida, mil euros más el IVA, a pagar al recurrente sin posibilidad de hacer más recursos”, añade el portavoz del PIVG.
Mayoral critica que el alcalde sanroqueño, “en sus huidas permanentes para ganar tiempo y debido a que los gastos jurídicos los pagan del presupuesto de los ciudadanos, a pesar de haber sido condenado por la sentencia en el TSJA, a nuestro recurso de apelación, y para que permaneciesen en el cargo de asesor, recurrió en Casación al Tribunal Supremo”.
Pero, prosigue el portavoz del PIVG, “mientras ha durado todo el proceso judicial y la sentencia se ha convertido en firme han estado tres años estas personas ocupando unos cargos de forma ilegal, cobrando por ello, objetivo que buscaba y ha logrado Ruiz Boix. Para nosotros en un claro abuso y aunque han sido condenados en costas, éstas tampoco las paga de su bolsillo, pagamos los sanroqueños”.
Mayoral recuerda que todo se llevó a cabo con “informes favorables de la Secretaría General, que no ponía en cuestión su nombramiento y contratación, porque entendía que eran cargos no remunerados en las empresas”. Sin embargo, “entendiendo que el informe de la secretaria no se adecuaba a derecho, por vulnerar la ley de incompatibilidades, recurrimos en reposición el decreto de nombramiento del personal asesor de confianza. En concreto fueron nombrados Juan Roca, Francisco Rodríguez, Mónica Ruiz y Miriam Arias en el mismo decreto y les tenía nombrado también de consejeros no ediles de las empresas municipales”.
“Algunos, como Juan Roca, de consejero delegado, que para nosotros era obvio que estaba un cargo ejecutivo del Consejo incompatible con el de asesor de confianza”, subraya Mayoral, que lamenta que “algunos, como Juan Roca, además de haber estado ocupando un cargo ilegalmente, entendemos que mal asesorado por el alcalde que los utiliza de comisarios políticos, no se entera, en su ignorancia, de que ya no tiene ninguna vinculación con el Ayuntamiento y según nos llegan noticias hace funciones como si estuviese en activo, sabiendo el alcalde que eso no se puede hacer y que puede ser motivo de denuncias penales”.
