El Ministerio de Hacienda ha anunciado que, tras el verano remitirá a las comunidades autónomas una nueva propuesta de financiación en función de la población ajustada. Así lo señalaba ayer la ministra Mª Jesús Montero. Al parecer la fórmula por la que se decanta el ejecutivo calcularía la financiación siguiendo criterios como la población envejecida o la dispersión de la población. La ministra advirtió que para llevar a cabo la reforma se necesitará un amplio consenso, y puso una fecha, la financiación no se aprobará hasta después de las elecciones. Los plazos suponen un mazazo para las intenciones de la Comunidad Valenciana y en especial para Ximo Puig que quería tener este tema solucionado antes del periodo electoral. Ayer el presidente no se pronunciaba al respecto. Se limitaba a decir lo que ha repetido en muchas ocasiones, el gobierno avanza en este asunto, la negociación es compleja y la Generalitat defenderá un modelo que evite la discriminación de la comunidad, la peor financiada.
Desde el partido popular se mostraba desconfianza tras conocer la noticia. Su presidente, Carlos Mazón decía no tener fe en la palabra del Gobierno, cuyos antecedentes, afirmaba no son los más adecuados.
