La satisfacción con el deber cumplido durante la pandemia del Covid-19, las críticas al exagerado telematismo en el que se han refugiado las administraciones, el optimismo ante la futura Ciudad de la Justicia de Cádiz y la posible concesión del turno de oficio, resumen en parte los temas abordados por el presidente de los graduados sociales, José Blas Fernández, en la siguiente entrevista con Viva.
Todo apunta a que vamos saliendo del periodo de pandemia. ¿Sale fortalecida la figura del graduado social tras la crisis sanitaria?
– Efectivamente, hemos salido muy fortificados. Prueba de ello es que las administraciones se han dado cuenta de que conformamos un sector esencial en el funcionamiento sociolaboral. El SEPE, la Junta de Andalucía -que incluso lo ha hecho de forma pública- y, en menor medida, la Tesorería nos han reconocido nuestra ingente y compleja labor durante la crisis. Ahora bien, lo que ha sucedido es que la pandemia ha dejado congeladas a las administraciones al concentrar todas las gestiones por vía telemática, sin apenas contemplar la fórmula presencial o telefónica que agilicen determinadas cuestiones que son necesarias resolver sobre la marcha. Se acostumbraron a decir “todo por la vía telemática” y punto, contestando cuando quieren o no contestándote. Y hoy por hoy esto está ocurriendo en todos los organismos a todos los profesionales, anulando el acceso a los empleados públicos y quedando la Administración en manos de los guardas de seguridad que más allá de vigilar la seguridad de las sedes, hacen las veces de los funcionarios que acaban marcando la gestión administrativa del servicio. En resumen, en vez de que la Administración esté al servicio del administrado, es el administrado el que está al servicio de la Administración.
¿Confía en que se darán los pasos necesarios para hacer realidad la Ciudad de la Justicia de Cádiz?
– El consenso entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía para disponer de superficie suficiente para este proyecto multisede nos hacen ser optimistas de que el proyecto largamente perseguido se haga realidad, porque es muy necesario. Desde aquí quiero dar las gracias a los anteriores consejero de Justicia, Emilio de Llera, y delegado territorial, Miguel Rodríguez, porque se han portado muy bien, teniéndonos siempre al día de todo. Y es que es muy vergonzosa la situación en la que nos encontramos en la actualidad bajo las gradas del estadio, conviviendo con múltiples goteras.
Desde su larga experiencia, ¿qué recomendaría a los graduados sociales que empiezan?
– Al margen de preparar oposiciones a la Administración, les diría que busquen la vía del servicio libre. La profesión aquí tiene mucho campo, porque cada vez tenemos más competencias y más amplias. La diarrea legislativa a la que nos tienen acostumbrados los legisladores hace cada vez más complejo el ámbito sociolaboral y cada vez hacen falta un mayor número de profesionales. Y es que la normativa cambia todos los días. Mientras el Código Penal apenas cambia, el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social va cambiando casi a diario. En este sentido, le pido a las facultades que no miren solamente a la dirección de personal, que la vertiente más vocacional está en el desarrollo de la profesión por libre.
¿En qué punto se encuentra la reclamada figura del graduado social de oficio?
– Parece ser que el ministerio ya va a tomar cartas en el asunto para concedérnoslo, porque no es de recibo que lo tenga la abogacía y no el graduado social. En este sentido, a las comunidades autónomas, que son las que pagan, también le pedimos que intervengan.
