El portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos (UP) e Independientes, Antonio Cambril, pedirá en el próximo Pleno que el Ayuntamiento de Granada elabore un plan especial de vigilancia para los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) que proteja al sector del taxi.
La moción denuncia que "el modelo liberal feroz que trae el decreto de la Junta de Andalucía hace un traje a medida para las multinacionales", hiriendo "gravemente a un sector como es el taxi que aglutina a miles de familias de Granada", según ha señalado UP en una nota.
El portavoz de la confluencia ha señalado que, según han denunciado los taxistas a UP, "existen 197 licencias de VTC operando en Granada mientras que las licencias de taxi son 562, lo que supone un incumplimiento de la normativa que establece que la proporción entre taxis y VTC debe ser 1-30".
"Nos encontramos con una proporción de 1-3, además del hecho de que, según nos informan la Gremial y Élite Taxi, en múltiples ocasiones operan en la ciudad muchos más VTC que se desplazan de ciudades cercanas como Málaga. Estamos ante una competencia desleal atroz", ha señalado.
Se trata, ha explicado Cambril, de "proteger a trabajadores y a autónomos que están bajo una regulación muy estricta como es la del taxi" y , por ese motivo, "queremos asegurar que el Ayuntamiento cumpla su deber de vigilancia exhaustiva con los vehículos de VTC a los que la Junta ha permitido convertir la competencia en la ley de la jungla".
Además, el portavoz ha señalado que, "para proteger al sector del taxi, la primera obligación del Ayuntamiento de Granada es el control y la sanción de los incumplimientos por parte de las VTC". Esto pasa por, ha manifestado, "diseñar un plan especial de vigilancia por parte de la Policía Local".
El objetivo sería que "realice un seguimiento específico a las principales infracciones denunciadas por la Gremial y Élite Taxi, como son la circulación de los VTC en búsqueda de clientes o la obligación de mantener una distancia de 300 metros de estaciones de tren, bus y aeropuertos, y de 150 metros de centros hospitalarios, sedes judiciales y hoteles".
Desde UP han señalado que en el propio decreto se insta a los ayuntamientos a que vigilen el cumplimiento de la normativa, lo que, en opinión de Cambril "abre un campo de juego al tiempo que se batalla para modificar el documento de la Junta y que pueda nacer uno que cuente con el consenso de taxistas y consumidores".
También "se instará a la Junta a reformar dicha norma contando con los citados actores" y, principalmente incluyendo reclamaciones como "establecer un tiempo de amortización de licencias de VTC para ir paulatinamente reduciendo el número y llegar al ratio de 1-30"; un tiempo mínimo de 15 minutos para la contratación del servicio y "dar competencia a los ayuntamientos y consorcios para fijar un precio máximo del servicio".
