Casi con toda seguridad, si es militante recalcitrante del PP o rentista con chalé en la playa y servicio de alarma contratado, puedan recitar de corrido las medidas propuestas por el ceñudo ex presidente de la Xunta y líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, contra la okupación: desalojo en 24 horas de quienes no puedan acreditar título jurídico válido, así como la salida inmediata en caso de flagrante okupación, considerar nula la inscripción en el padrón de un okupante y devolver el IBI o el impuesto de patrimonio a los propietarios con viviendas usurpadas y la reforma del Código Penal para elevar hasta los tres años de cárcel las penas por usurpación ilegal.
En Andalucía, Juanma Moreno también ha mostrado su preocupación y pedirá al Gobierno de España que endurezca las medidas contra un fenómeno. En 2021, de acuerdo a la información proporcionada por los populares en la Cámara autonómica, se presentaron 2.557 demandas de desalojo por okupación ilegal en los tribunales, y la formación advierte de que el fenómen va en aumento. Pero lo cierto es que las okupaciones de viviendas en la comunidad autónoma han caído un 6 % en los seis primeros meses del año respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio del Interior.
La espectacularización de la política y de la información ha convertido un problema, es innegable que es un problema, en uno de los principales problemas, dado el espacio que ocupa (u okupa) esta problemática en la agenda política e informativa. Pero no debería ser lo urgente en materia de vivienda.
Basta un dato: el pasado año, las solicitudes de vivienda protegida en Cádiz fueron un total de 43.938, siendo la segunda provincia con mayor número de solicitudes después de Sevilla, Esto supone un aumento respecto al año anterior, que ascendía a 40.961 solicitudes, tendencia que se repite en el resto de los territorios de la región, alerta la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) en el XII Informe El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los indicadores de la Afenda 2030 UE 2015-2021. Esta cifra contrasta con la aportada por el ex alcalde de Vejer y diputado nacional del PP, José Ortiz, quien ha alertado de que, en el primer semestre de 2022, se han presentado (solo, en relación con la demanda de VPO) 208 denuncias por okupación en Cádiz.
Lo que no pueden recitar de corrido los militantes recalcitrantes del PP o los rentistas con chalé en la playa y servicio de alarma contratado son las medidas de Alberto Núñez Feijóo o Juanma Moreno para facilitar el acceso a la vivienda, que es el drama que sufren diariamente miles de andaluces y cientos de miles de españoles menores de 35 años o familias que tienen serias dificultades para llegar a fin de mes y malviven con un alquiler prohibitivo.
La desigualdad se agrava. En la España y la Andalucía reales se palpa. Los partidos, que actúan pensando en sus cuentas electorales siempre, priorizan los colectivos a quienes dirigen sus mensajes. Atendiendo a las claves de estos, las próximas elecciones medirán la capacidad de movilización de rentistas (con las, confiemos, dignas excepciones sensibles a las deficiencias del sistema y la necesaria equidad) y los desheredados, entre los que temen a los intrusos y quienes viven en condiciones indignas.
