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El Gobierno presentará antes del 10 de abril un plan de recorte de altos cargos y empresas públicas

Las actuaciones crearán al menos 350.000 empleos en dos años

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El Gobierno aprobará antes del próximo 10 de abril un programa de racionalización de la Administración General del Estado que contendrá medidas de reducción de altos cargos con el fin de asegurar que el capítulo de gastos de personal sea en 2013 un 4% inferior a la cuantía de 2010.

Según consta en el documento remitido por el Gobierno a la oposición para negociar acuerdos en materia económica, el Ejecutivo aprobará también con el mismo plazo un programa de racionalización del Sector Público Empresarial que preverá medidas destinadas a reducir el número de empresas públicas mediante un proceso de fusiones y concentraciones.

Este programa también implicará una reducción del número de cargos directivos de las empresas públicas y miembros de sus consejos de administración, así como la revisión de las retribuciones de los directivos de las empresas públicas.

La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, anunció en rueda de prensa que este plan se presentará "en la primera semana de abril, después de Semana Santa" y no se traducirá en una reducción del número de Ministerios.

El compromiso del Gobierno para reducir el déficit al 3% en 2013 queda en evidencia en el documento, en el que advierte a la oposición que, en aplicación del Plan de acción inmediata para 2010 y el Plan de austeridad 2011-2013, las nuevas actuaciones que puedan aprobarse a raíz de los acuerdos "resulten neutrales" en términos presupuestarios.

Recortes
Asimismo, la propuesta de acuerdo reclama a los partidos políticos que apoyen y respalden en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Comisión Nacional de Administración local las iniciativas para alcanzar en 2013 el objetivo de déficit del 3% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas de acuerdo con la senda de consolidación propuesta por el Gobierno en el Programa de Estabilidad.

En concreto, propone llevar a cabo una política de contención del gasto "en todas las administraciones públicas". En concreto el capítulo de personal deberá reducirse en un 4%. En el caso de que se produzcan desviaciones respecto a la senda de reducción del déficit prevista, las distintas administraciones públicas tomarán medidas adicionales para cumplir con el objetivo de déficit en 2013.

Además de las actuaciones prioritarias mencionadas, el Gobierno establecerá un procedimiento específico y ágil para hacer efectivas las deudas de las administraciones públicas si se supera el plazo máximo de pago, incluyendo en su caso el cobro de los intereses de demora.

Incentivos
Además, el Gobierno plantea la reducción del tipo del IVA al 8% para todo tipo de obra de rehabilitación de vivienda durante dos años, a partir de 1 de julio, así como una deducción extraordinaria del IRPF del 10% por obras de mejora de la vivienda que tengan por objeto la rehabilitación energética, las instalaciones de suministros o la accesibilidad para personas con movilidad reducida, a los contribuyentes de renta inferior a 33.007,2 euros.

Esta deducción se aplicará a las obras hasta 31 de diciembre de 2012, con un límite de 12.000 euros por vivienda. A partir de dicho umbral de renta, el importe de la deducción irá decreciendo hasta su desaparición.

Financiación para todas las Pymes
También propone que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) conceda créditos directos con un importe máximo de 200.000 euros y cobertura de riesgo del 100% y comercializados a través de una entidad financiera de ámbito nacional seleccionada por concurso. "Con esta línea se conseguirá que toda pequeña empresa cuente con financiación", asegura el Ejecutivo.

Además plantea reducir la necesidad de establecer "de modo progresivo", para las facturas que se emitan a partir de ahora, un plazo de pago máximo de 30 días para los pagos de las administraciones públicas y de 60 días para el pago a las pymes y autónomos por parte de las grandes empresas.

Transportes
Por otro lado, plantea favorecer la utilización de transporte público, eximiendo al trabajador de tributar en el IRPF como rentas en especie las cantidades satisfechas por su empresa para sus desplazamientos entre su residencia y el centro de trabajo en transporte público, con el límite de 1.500 euros anuales.

También se incide en la rebaja de las tasas de navegación aérea, acelerando la tramitación de la norma legal por la que se regula la prestación de servicios de transito aéreo con el fin de reducir a 2 años el período para la rebaja de las tasas de navegación aérea en un 15%.

El Gobierno estima que el conjunto de estas actuaciones permitirán la creación de, al menos, 350.000 empleos en los próximos dos años, que se sumarán a los que generará este año el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad local y otras iniciativas.


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