Las asociaciones acusan a Saavedra de haber deliberado y adoptado más de diez resoluciones después de que fuera recusado el pasado 18 de junio y aseguran que éste ha retrasado durante más de ocho meses la tramitación del incidente de recusación.
Éstas han pedido al TS la recusación de los magistrados que admitieron la querella por prevaricación del sindicato ultraderechista Manos Limpias contra Garzón por declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra civil y el franquismo.
Además, sostienen que Saavedra “mantiene paralizada” la cuestión de competencia de los juzgados de instrucción de Granada y El Escorial (Madrid), que entienden que la investigación de los crímenes del franquismo es competencia de la Audiencia Nacional.