Las órdenes de busca y captura afectan a los seis supuestos etarras Arturo Cubillas Fontán, José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso, José María Zaldúa Corta, José Angel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio y a los presuntos miembros de las FARC Gustavo Navarro Morales, Victor Ramón Vargas Salazar, Omar Arturo Zabala Padilla, Emiro del Carmen Ropero Suárez, Rodrigo Granda Escobar y Luciano Martín Arango.
Estos doce procesados viven en Venezuela y Cuba. A partir de ahora, habrá que esperar a la respuesta de las autoridades venezuelas y cubanas a las órdenes internacionales de detención. En el caso de que los procesados sean detenidos, el juez Velasco solicitaría al Gobierno español que comenzara los trámites para las extradiciones.
Suspendido
El juez también procesó a una integrante de la Comisión Internacional de la guerrilla colombiana, Remedios García Albert, que reside en España y a la que tenía previsto tomarle declaración el próximo día 24.
Sin embargo, fuentes jurídicas han asegurado que el magistrado suspenderá este interrogatorio, en espera de que su homólogo Baltasar Garzón responda a su solicitud de información sobre las actuaciones que instruye desde julio desde 2008 contra esta presunta miembro de las FARC.
Si los dos magistrados estuvieran investigando a García Albert por los mismos hechos, Velasco se inhibiría de la parte de la investigación que afecta a esta procesada y se la cedería a Garzón, aunque mantendría la que instruye contra el resto de los procesados, seis miembros de la organización terrorista ETA y otros seis de las FARC.
Entre las razones esgrimidas por Velasco para procesar a García Albert se encuentra la organización, junto al etarra Arturo Cubillas Fontán, de un curso al que acudieron miembros de ETA que fueron acompañados por una persona que vestía un chaleco con el escudo de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) de Venezuela y escoltados por un vehículo militar.
Garzón la dejó en libertad bajo fianza de 12.000 euros después de imputarle indiciariamente un delito de integración o colaboración con organización terrorista tras considerar que, "al menos desde 2000", mantenía "una relación fluida, cercana a la integración" con las FARC a través de Luis Edgar Devia Silva 'Raúl Reyes' y otros representantes de la organización terrorista.
También aseguraba que García Albert, que fue detenida el 26 de julio de 2008 en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) en el marco de la denominada 'Operación Cali', estuvo en 2002 y 2006 "en sendos campamentos en los que había menores de edad, incluido alguno con uniforme militar".
El magistrado también daba por probado que García Albert, que contaba con los alias de 'Soraya' e 'Irene', recibió de manos de 'Raúl Reyes' en 2006 la cantidad de 6.000 dólares para que los hiciera llegar a Lucas Gualdron, representante de las FARC en Europa, además de dos millones de pesos (unos 1.000 dólares) para un destinatario no conocido.
