Una juez de Almería ha condenado al presidente de una comunidad de vecinos que ocultó a la comunidad el impago del seguro de responsabilidad civil del bloque, lo que llevó a la compañía de seguros a retirar la póliza y, a posteriori, a que los vecinos tuvieran que afrontar gastos por valor de 9.000 euros ante los desperfectos que se originaron en el inmueble con la rotura de una acometida y el ascensor.
El fallo, consultado por Europa Press y sobre el que cabe recurso de apelación, condena a un año y nueve meses de prisión al hombre por un delito de administración desleal así como al pago de 39.772 euros a la comunidad de propietarios al tiempo que lo absuelve de un delito de falsedad documental continuada.
La sentencia declara probado que el acusado fue presidente de la comunidad de propietarios de un inmueble ubicado en Roquetas de Mar (Almería) entre 2010 y 2016, cuando fue destituido del cargo, cesando en su función, toda vez que también ejerció el cargo de secretario-administrador de dicha comunidad a partir de diciembre de 2012, fecha en la que falleció la anterior secretaria.
En este orden de cosas, el acusado, como presidente durante su mandato y luego como secretario-administrador, gestionaba el dinero de la comunidad "de forma indebida" a través de gastos consistentes en "transferencias, reintegros, cargos de tarjetas prepago ajenas a la comunidad, traspasos y comisiones sin justificar" que iban a nombre de la comunidad, por un total de 30.762,98 euros.
Asimismo, bajo su mandato la comunidad dejó de pagar los recibos de un seguro de responsabilidad civil que había contratado en mayo de 2008, por lo que la compañía procedió a la baja de dicho en noviembre de 2013, lo que el presidente "ocultó" a los demás propietarios, según el fallo judicial.
Como consecuencia de la baja del seguro, la comunidad "tuvo que hacer frente a una factura de 1.193,98 euros en concepto de acometida del edificio y que, si hubiera estado vigente el seguro no hubiera asumido la comunidad, causándole por tanto un perjuicio económico".
En el mismo sentido cabe destacar la factura de 7.815,21 euros en concepto de reparación del ascensor como consecuencia de que explotara la bomba del agua del edificio y que, al estar dado de baja el seguro no pudo hacerse cargo, "debiendo asumir dicha factura la Comunidad con el perjuicio que esto le suponía".
El acusado aseguró durante el juicio que el seguro se dejó de pagar por "falta de fondos" en la cuenta de la comunidad, lo cual "sabían los vecinos" ya que "la mayoría" se reunían con él "durante el verano". "No lo permitía la economía de la comunidad", ratificó durante su interrogatorio en sala el acusado, quien afirmó que los vecinos le dijeron "recorta de donde tengas que recortar".
Frente a sus manifestaciones, otros vecinos que concurrieron en calidad de testigos aseguraron que el acusado "no informaba de nada" y que, bajo su presidencia, "hacía y deshacía con los votos de los vecinos con los que se llevaba bien" hasta que se enteraron de que carecían de seguro cuando ocurrió el siniestro de la bomba de agua.
"El motivo --de la destitución-- fue sobre todo que estaba engañando con las cuentas y con el seguro de la comunidad", apuntó otro de los vecinos, quien indagó con la compañía de seguros hasta saber que la póliza había sido anulada en 2011. En este sentido, otro de los comparecientes aseguró que el acusado había solicitado una derrama para arreglar los desperfectos bajo el pretexto de que el seguro no cubría ese tipo de daños.
A través de la prueba documental practicada también en el acto de juicio, la juez determina que el acusado efectuó operaciones no autorizadas con la cuenta de la comunidad que ocasionó a esta un perjuicio económico de 30.762 euros, a lo que además, "con claro exceso en el ejercicio de las facultades que tenía encomendadas, y con ocultación de los demás propietarios, decidió por su cuenta dejar de pagar la prima del seguro".
La sentencia expone así el testimonio "claro, contundente y verosímil" de los vecinos, a los que la situación derivada de la rotura del ascensor les hizo "saltar las alarmas" y sospechar que el acusado "les estaba engañando", ya que además se negó a entregarles la documentación que les solicitaba.
