Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han celebrado este martes su primera votación para elegir a los dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC) que les corresponde nombrar, pero no han logrado acuerdo ninguno porque ambos bloques, el progresista y el conservador, se han mantenido en sus respectivas posiciones, lo que supone alejar el acuerdo al próximo año.
Según ha informado el propio CGPJ, de los tres candidatos en liza --José Manuel Bandrés, por parte del sector progresista; y Pablo Lucas y César Tolosa, por parte del bloque conservador-- ninguno ha conseguido los once votos necesarios para quedar nominado al TC.
La votación se ha saldado con 10 votos para Tolosa y Lucas --los 10 votos que aportan los vocales conservadores-- y 7 votos para Bandrés, todos los que podía emitir el ala progresista.
Se trata del resultado que anticipaban las fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press, ya que el problema radica en el veto tácito de la mayoría conservadora a Bandrés, por un lado, y en la negativa de sus colegas progresistas a volver a abrir el abanico de candidatos, por otro.
Cabe recordar que las actuales normas de votación en el Consejo para nombrar candidatos al Constitucional permiten que cada uno de los 18 vocales actuales proponga y vote a un máximo de dos aspirantes y, para que haya elección, exigen una mayoría de tres quintos (al menos 11 votos).
Otro de los puntos de fricción en este Pleno extraordinario ha sido la participación en el mismo de Clara Martínez de Careaga. Un grupo de vocales conservadores ha pedido que se abstuviera de la deliberación y votación, alegando que tiene un interés directo en su resultado por ser la mujer del magistrado del TC Cándido Conde-Pumpido. Las fuentes explican que ella se ha negado y ha contado con el respaldo de una amplia mayoría, más allá de los vocales del ala progresista.
El motivo aducido por los vocales que pedían apartarla es que su imparcialidad podría verse afectada por el hecho de que los candidatos que finalmente sean enviados al TC participarán en la votación para elegir al nuevo presidente de la corte de garantías, ya que Pedro González-Trevijano, actualmente en ese cargo, será uno de los reemplazados por los recién llegados y Conde-Pumpido opta al puesto.
Las fuentes explican que uno de las factores que influye en las negociaciones en el seno del CGPJ sobre los dos candidatos al TC es la eventual presidencia de Conde-Pumpido. Concretamente, cómo quedará el equilibrio de fuerzas en los bloques progresista y conservador del Constitucional cuando desembarquen sus nuevos miembros de cara a facilitar que el ex fiscal general del Estado sea elegido entre sus pares como nuevo presidente del tribunal.
El vocal Enrique Luscas, integrado igualmente en el bloque progresista del CGPJ, sí ha tenido que abstenerse porque su hermano, era uno de los tres candidatos que se votaban este martes, todos ellos magistrados del Tribunal Supremo.
Esta jugada en el órgano de gobierno de los jueces se produce un día después de que la mayoría conservadora del TC frenara las recusaciones formuladas por Unidas Podemos primero y PSOE después contra González-Trevijano y el magistrado Antonio Narváez, imponiéndose así a la minoría progresista, de la que forma parte Conde-Pumpido.
Los partidos esgrimían que González-Trvijano y Narváez tenían un "interés directo" en la reforma destinada a renovar el propio TC porque, de salir adelante, serían los dos magistrados reemplazados inmediatamente por los candidatos nominados por el Gobierno --el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez--. La mayoría conservadora rechazó aduciendo que no era el momento procesal oportuno.
Es la primera vez que los vocales votan potenciales candidatos al TC desde que las Cortes Generales les devolvieran el pasado julio su poder para nombrar magistrados de la corte de garantías, una facultad de la que les privó una reforma legal en marzo 2021 por estar en funciones, situación en la que ya llevan más de cuatro años.
Aunque la segunda reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) les puso como fecha límite para designar a sus dos aspirantes al TC el pasado 13 de septiembre, ambos nombramientos continúan pendientes.
Hasta ahora, el ala progresista urgía a enviar la dupla al Constitucional. Así, en octubre puso sobre la mesa un primer listado de nueve candidatos que un mes después redujo a uno: Bandrés.
El sector conservador, por su parte, había dilatado la cuestión de los nombramientos, primero incidiendo en la necesidad de pulir las reglas del juego y después reclamando a sus pares progresistas que añadieran nombres al de Bandrés.
Las dinámicas se invirtieron cuando PSOE y Unidas Podemos incluyeron en la proposición de ley para derogar el delito de sedición dos enmiendas para reformar la el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC.
Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, la razón es que la reforma propuesta favorecía que Bandrés saliera elegido, al impedir que cada vocal propusiera y votara a más de un candidato. Además, permitía despejar los obstáculos para que Campo y Díez tomaran posesión en el TC sin esperar a los dos del CGPJ.
Tras el movimiento parlamentario, los vocales conservadores instaron a convocar el Pleno extraordinario de este martes, a pesar de que ya había uno ordinario señalado para el jueves, porque el 22 de diciembre estaba previsto que el Senado aprobara definitivamente ambas enmiendas.
En un principio, el presidente interino del CGPJ, Rafael Mozo, se negó por un defecto formal: no acompañaban su petición con ninguna candidatura. En respuesta, el bloque conservador desveló por primera vez sus aspirantes: Lucas y Tolosa.
Por su parte, los vocales progresistas deslizaron la necesidad de esperar a que Congreso y Senado aprobaran la reforma propuesta para votar ya con las nuevas normas.
Sin embargo, la decisión adoptada por el TC la noche del lunes, cuando suspendió de forma urgente la tramitación en el Senado de dichas enmiendas --tal y como le reclamaba el PP en un recurso de amparo--, volvió a provocar un cambio de roles.
Así las cosas, las fuentes consultadas ven difícil llegar a un acuerdo si los vocales progresistas se aferran a la candidatura de Bandrés y sus homólogos conservadores insisten en su veto tácito a este magistrado de la Sala Tercera del TS.
Las mismas fuentes apuntan que la votación fallida de este 20 de diciembre supone posponer el eventual acuerdo sobre los dos candidatos al TC al próximo año, ya que en el orden del día del Pleno ordinario del 22 de diciembre ni siquiera consta la cuestión de los nombramientos a la corte de garantías.
Entretanto, los cuatro magistrados del TC cuyo mandato expiró el 12 de junio --González-Trevijano y Narváez, y el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y Santiago Martínez-Vares-- siguen esperando su relevo.
Desde que el Ejecutivo lanzara los nombres de Campo y Díez, el principal escollo son las dudas jurídicas sobre la posibilidad de que estos cuatro magistrados, que forman el tercio que la Constitución encomienda renovar a Gobierno y CGPJ (con dos cada uno), puedan sustituirse sin el 'pack' completo.
