El Pleno del Parlamento de Andalucía aprobará esta semana la Ley de Economía Circular, que incluye entre sus disposiciones adicionales la regulación del impuesto a vertederos, aunque la redacción del texto, según la ONG Rethinking, que trabaja en la gestión de los residuos sólidos urbanos, “no garantiza que el impuesto sea finalista” y deja “al albedrío” de la Junta el destino de la recaudación, alejándose de la petición de la FAMP de que se destinarán a los municipios y para inversiones e infraestructuras en gestión de residuos.
Según recoge el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA), la Ley de Economía Circular ha incluido en su tramitación parlamentaria una serie de enmiendas que serán llevadas a Pleno esta misma semana para que el texto definitivo de la norma vea la luz, texto que incorpora enmiendas de PP, PSOE, Por Andalucía y Grupo Mixto.
Así, el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, que está en vigor desde el 1 de enero de 2023 y cuya transposición a las normas autonómicas se regularía en la Ley de Economía Circular de Andalucía, se incluye en la Disposición Adicional Cuarta, pero su redacción no contenta a la ONG Rethinking.
Consideran que “al texto le sobran matices”, ya que “no garantiza que el impuesto sea finalista, como ocurre en otras comunidades autónomas, dejándolo al albedrío de la Junta, como se ha evidenciado en los presupuesto del año 2023”.
El texto literal asegura que “En la elaboración del anteproyecto de ley de presupuestos, la Consejería competente en materia de Hacienda asignará, de forma preferente, los ingresos derivados del Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, conforme a las previsiones de los instrumentos de planificación en la materia y a la capacidad de gestión anual de los órganos competentes, a financiar políticas en materia de economía circular, ....”
Desde Rethinking entienden que el establecer “de forma preferente” y vincularlo a la “capacidad de gestión anual de los órganos competentes” no garantiza que el impuesto sea “finalista” como demandaba la FAMP y los municipios, sino que será la Junta la que determine el destino y la cuantía de esos fondos recaudados por enterrar basuras en los vertederos.
Según explicaba el PP durante la tramitación parlamentaria, el grupo parlamentario reconocía que no se había recogido en la literalidad la petición de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) de que el impuesto tuviera un carácter finalista, ya que esa recaudación se destinará no a los municipios en sí, que son los que mayoritariamente gestionan los residuos urbanos no peligrosos, sino a “políticas de economía circular”.
Según fuentes del PP, el objetivo es que sea un impuesto finalista, tal y como reclamaba la FAMP, pero sin un “único destino”, huyendo del “modelo del canon del agua” que fija el destino de lo recaudado. Se pretende “garantizar que la finalidad de los recursos extraídos de ese impuesto se destine a ese fin”, es decir, a medios humanos, mejoras, ampliación, mantenimiento y construcción de infraestructuras, estructuras, medios materiales, planificación, seguimiento y control, aseguraban.
Enmienda aceptada
La enmienda fue admitida por PSOE y Por Andalucía, según el PP, destacando los populares el “alto grado de consenso” en este paso legislativo de la Ley LECA con la admisión de más de 70 enmiendas y 45 transaccionales, debate que continuará en el Parlamento antes de que se lleve a Pleno para su aprobación, insisten.
El impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, que pretende reducir al mínimo (un 10% es el objetivo) la basura que finalmente se entierre en un vertedero entró en vigor en enero y, principalmente, serán los Ayuntamientos los que tengan que abonarlo, a razón de 30 euros por tonelada si los residuos están tratados y a 40 si no lo están. De ahí el interés de la FAMP en que su recaudación revierta directamente en los Ayuntamientos. No serán directamente los municipios los destinatarios sino políticas de economía circular, aunque la literalidad del texto no convence a la ONG Rethinking.
Así, la enmienda del PP recoge que la Consejería de Hacienda asignará los ingresos derivados del impuesto “a financiar políticas en materia de economía circular” y establece varios apartados. El primero se destinará al impulso de esa economía “incluidos medios humanos y técnicos” de la Administración autonómica, entre ellos los necesarios para la ejecución de las medidas que recoge a continuación.
Estas medidas son las “inversiones para la mejora, ampliación, mantenimiento y construcción, medios materiales, así como los gastos de comunicación, formación y sensibilización asociados, tanto en materia de recogida como de tratamiento de residuos, prioritariamente municipales, conforme a las previsiones de los instrumentos de planificación en la materia”.
El segundo apartado se refiere a los “gastos de planificación, seguimiento y control de la producción y gestión de residuos, especialmente los de competencia municipal”, mientras que cierra la enmienda un apartado, el de la “clausura de infraestructuras, así como clausura y/o restauración de zonas afectadas por el depósito incontrolado de residuos u otros problemas ambientales de análoga naturaleza”.
