Los 9.000 funcionarios de la Administración de Justicia que trabajan en las ocho provincias andaluzas, entre ellos unos 1.950 de Málaga, la segunda después de Sevilla, están llamados a participar en una protesta convocada por los sindicatos CSIF, Staj, UGT y Comisiones Obreras, por la que reclaman un reconocimiento de "las funciones que realmente realiza cada uno de los cuerpos", y que vayan acompañadas de un incremento salarial.
La convocatoria del paro general fue anunciada el pasado 28 de marzo horas después de que el Ministerio de Justicia firmase un acuerdo con tres asociaciones profesionales de los 4.379 letrados de la Administración de Justicia (LAJ) de España, que sirvió para desconvocar la huelga indefinida que éstos iniciaron el 24 de enero.
Si la misma ha comportado que el Ministerio de Hacienda destine unos 22 millones de euros para aumentar las nóminas de los antiguos secretarios judiciales, con incrementos que oscilan entre los 430 y 450 euros al mes, los sindicatos pretenden ahora hacer oír también sus demandas económicas pidiendo un incremento retributivo de entre 350 y 430 euros mensuales.
La mayor cuantía (430) que se reclama es para los médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), otros 400 euros mensuales para los gestores y especialistas de laboratorio, 375 euros para el personal de Tramitación y ayudantes de laboratorio, y 350 para el cuerpo de Auxilio Judicial (antiguos agentes).
FUNCIONES DELEGADAS
Estas demandas se producen después del acuerdo del Gobierno firmado con los letrados judiciales, a los cuales la ley atribuye la dirección de la Oficina Judicial. Es también una reclamación para que "se elimine la acumulación en el cuerpo de los LAJ de las funciones que finalmente realizan y son delegadas a los cuerpos generales sin compensación alguna".
Las organizaciones convocantes se quejan de que la huelga de los secretarios ha demostrado que "no está reconocida en la actualidad la responsabilidad, profesionalidad y especialización de la totalidad de la Administración de Justicia", que incluye también a otras cuatro categorías que, según dicen, representan el 93% de la plantilla (45.000 empleados públicos) frente al 7% de los LAJ.
Reclaman además que se paralice la tramitación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa hasta que se alcance un acuerdo en la Mesa Sectorial de Justicia. Esta nueva normativa es una de las exigencias realizadas por la Comisión Europea para proceder a transferir los fondos acordados con España después de la pandemia.
"El Ministerio de Justicia quiere imponer sin negociar la ley que pone en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas del personal", señalan en un comunicado conjunto.
Previa a la convocatoria de huelga general para 19 de abril en todos los juzgados, tribunales y dependencias forenses de España, los sindicatos han convocado paros parciales de tres horas (entre las 10 y las 13 horas) desde el 17 de abril. Para el 19 está prevista una manifestación desde la sede del Ministerio de Justicia al de Hacienda, y el miércoles 12 de abril, los delegados sindicales se concentrarán ante ese mismo departamento que dirige Pilar Llop.
