Las empresas offshore se han considerado tradicionalmente paraísos fiscales, ya que están exentas del impuesto de sociedades y cuentan con otros beneficios fiscales.
La norma sienta las bases además para la reducción de los impuestos a las empresas que deben tributar del 22% al 10% a partir del 1 de enero de 2011, coincidiendo con la abolición definitiva de su histórico régimen de exención fiscal para determinadas empresas.
Según el Gobierno del Peñón, la ley complementa los acuerdos financieros -cerca de una veintena - con diversos Estados “para lograr una integración completa en la Unión Europea”.
La ley introduce medidas contra la evasión de impuestos, ocultación de datos y fraudes, con sanciones, incluso penales, para los infractores.
La reforma se debatirá en el Parlamento el próximo mes octubre, después de que sea publicada en agosto en la gazeta de Gibraltar, una vez concluya el período de consulta ciudadana que se prolongará hasta el 23 de julio próximo.
Sistema competitivo
El ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, destacó ayer la importancia de la nueva ley. “Miles de empleos locales, gran parte de los ingresos de la administración y de nuestros servicios públicos dependen de que Gibraltar tenga un sistema fiscal competitivo internacionalmente”, afirmó.
Caruana recordó que muchos bancos, aseguradoras, empresas de juegos de azar y otras compañías tendrán que comenzar tributar por primera vez. “Quiero agradecerles que hayan mantenido su compromiso en Gibraltar a pesar de que deban empezar a pagar impuestos sobre sus beneficios”, indicó el ministro principal, añadiendo que “la fiscalidad es muy importante, pero Gibraltar es más que eso”, refiriéndose a la estabilidad política y económica, la buena regulación, un medio empresarial seguro, alta cualificación del personal y buenos servicios de comunicación. Caruana describió los cambios como “más justos” para todos.
