Ante la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de declarar ilegal la limitación del número de autorizaciones de vehículos de transporte concertado (VTC) a una por cada 30 licencias de taxi; la Unión Sevillana del Taxi, principal organización de dicho gremio en la ciudad hispalense, ha defendido que dicha resolución es "mucho más favorable" al sector de lo inicialmente pensado, señalando que pese a que censure la ratio 1/30, "legitima que se puedan establecer limitaciones" al número de VTC.
En concreto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal la limitación implantada en el Área Metropolitana de Barcelona, con un máximo de una autorización de VTC, vehículos que operan para las empresas de alquiler de coches con chófer como Uber o Cabify, por cada 30 licencias de taxi.
En su sentencia, el TJUE descarta que la normativa metropolitana barcelonesa pueda suponer una ayuda de Estado al sector del taxi porque no compromete fondos públicos, pero de otro lado considera que tanto la limitación del número de licencias de VTC como la exigencia de una autorización específica adicional son "restricciones al ejercicio de la libertad de establecimiento", en tanto que una pone tope al número de operadores de VTC y la otra limita el acceso al mercado de todo recién llegado.
LOS INTERESES GENERALES Y EL SECTOR DEL TAXI
Al analizar si estas restricciones están justificadas por una razón de interés general y cumplen con el objetivo perseguido "sin ir más allá de lo necesario para conseguirlo", la Justicia europea ve diferencias entre ambas y advierte de que el objetivo de garantizar la viabilidad económica del taxi es un motivo "puramente económico" que no constituye razón de interés general, como sí pueden serlo la buena gestión del transporte, el tráfico, el espacio público y la protección del medio ambiente.
Para el tribunal, la ratio metropolitana barcelonESA de una licencia de VTC por cada 30 de taxi "no parece idónea" para garantizar la consecución de los objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como de protección del medio ambiente.
Con todo, el alto tribunal europeo sí considera que puede resultar necesario exigir la obtención de una licencia adicional a la prevista a nivel nacional para asegurar la buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público y de la protección del medio ambiente.
Ante ello, la Unión Sevillana del Taxi defiende que la propia sentencia "legitima que se puedan establecer limitaciones de funcionamiento" a los VTC, considerando que se trata de una resolución "mucho más favorable" para el sector del taxi que lo inicialmente visto.
EL DECRETO ANDALUZ DE REGULACIÓN DE LOS VTC
Ello, después de que en 2022 entrase en vigor el nuevo decreto de la Junta de Andalucía que modifica la Ley 2/2003 de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, al objeto de regular los VTC que operan para empresas de alquiler de coches con chófer como Uber o Cabify.
A grandes rasgos, el decreto andaluz prohíbe que los VTC estacionen o circulen sin servicio precontratado a un mínimo de 300 metros de aeropuertos, puertos o estaciones de trenes y autobuses; así como a 150 metros de hospitales, grandes centros comerciales y de ocio, paradas de taxis, hoteles de al menos cuatro estrellas, sedes judiciales o lugares donde se celebre un evento deportivo, cultural o social.
También prohíbe la geolocalización de los VTC previa a su contratación y establece para estos vehículos unas dimensiones mínimas de 4,9 metros de longitud, 4,7 metros en el caso de vehículos híbridos o Eco y 4,5 metros en el caso de los vehículos de cero emisiones, entre otros requisitos.
SERVICIO DIFERENCIADO
El Gobierno andaluz defiende en ese sentido que su regulación persigue "el beneficio del usuario y la convivencia en armonía entre el taxi y los VTC, teniendo claro que los VTC están limitados por ley a dar un servicio por precontratación", pues por la propia naturaleza de su servicio, siempre le ha estado prohibido circular a la búsqueda aleatoria de clientes o aceptarlos de manera espontánea.
Empero, el decreto generó importantes protestas por parte de las asociaciones de taxistas, que avisaban de que buena parte de estas restricciones ya estaban en vigor por regulaciones previas. El gremio de taxistas de Sevilla, en concreto, venía reclamando que dicha regulación autonómica de los VTC incluyese un tiempo mínimo de precontratación de al menos media hora y, finalmente, el sector del taxi anunció su idea de recurrir el citado decreto ante el Tribunal Constitucional.
