Así lo indicó el letrado Gonzalo Martínez-Fresneda en el escrito de defensa que presentó el jueves en el Alto Tribunal, de 139 folios y en el que señaló que el comportamiento de Garzón no constituye delito.
La Fiscalía también ha reclamado al Tribunal Supremo (TS) la absolución de Garzón, mientras que el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad piden 20 años de inhabilitación por prevaricación.
El magistrado del TS Luciano Varela, instructor de la querella contra Garzón por la investigación de los crímenes durante el franquismo, ordenó el pasado mes la apertura de juicio oral contra el juez, lo que motivó que el Consejo General del Poder Judicial le suspendiera cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional.
Tras ello, el Consejo le autorizó a trasladarse a la Corte Penal Internacional para ocupar durante los próximos siete meses un puesto de consultor de la Fiscalía.
La defensa subraya que las dos entidades que ejercen la acusación “no han resultado ofendidas o perjudicadas por el supuesto delito de prevaricación que persiguen” y recuerda que, aunque la “doctrina Botín2 fue matizada, la Fiscalía ha pedido el archivo de esta causa por creer que Manos Limpias y Libertad e Identidad carecen de legitimación para instar la apertura del juicio.
El TS se corrigió a sí mismo y en otra sentencia estableció la llamada doctrina Atutxa y concluyó que la acción popular está legitimada cuando el delito afecte “intereses colectivos” o los directamente perjudicados no se hayan personado.
Según argumentó la defensa, esta última sentencia contó con votos particulares discrepantes de magistrados, entre ellos Varela.
Martínez-Fresneda criticó el hecho de que Varela no ha querido suspender el trámite para la presentación de este escrito cuando quedan pendientes de resolver seis recursos ante la Sala de lo Penal.
Nulidad de actuaciones
Además, Garzón vuelve a pedir al TS la nulidad de actuaciones, ya, según explicó, Varela requirió a Manos Limpias para que presentara un nuevo escrito de acusación al considerar que el primero no era válido.
La defensa del juez también solicita la nulidad del nuevo escrito de acusación porque cree que Manos Limpias optó “por copiar textualmente páginas enteras de un auto anterior del instructor”.
El letrado aseguró que la interpretación del ordenamiento jurídico llevada a cabo por Garzón es compartida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y “por amplios sectores de la Justicia Penal Internacional” y no ha sido cuestionada por “ninguno de los órganos jurisdiccionales que han conocido de sus resoluciones”. “Y con todos los respetos que pudieran merecer, no creemos que la opinión jurídica de dos grupos de extrema derecha (...) sea de mejor criterio, o parezca mejor fundada, que la de todos los anteriores”, añadió.