Málaga
1.930 funcionarios de Justicia eligen este martes a sus 23 delegados en Málaga
Cinco sindicatos se disputan el apoyo de 9.300 empleados andaluces en una elección ensombrecida por la huelga frente al Ministerio
Una de las incógnitas de esta votación será el nivel de participación de los letrados judiciales
"No es el mejor escenario posible para un proceso electoral, porque el conflicto que tenemos como funcionarios con el Ministerio de Justicia ha ensombrecido las explicaciones sobre la gestión realizada en los últimos cuatro años, así como la presentación de las propuestas para mejorar las condiciones de los trabajadores de la Administración de Justicia en Andalucía".
De este modo explica una delegada sindical de CC OO el marco en el que unos 9.300 empleados públicos de esta Comunidad Autónoma (excepto los de la provincia de Córdoba, que acudirán a las urnas en noviembre próximo para elegir a sus 21 delegados) podrán participar en esta elección de sus representantes sindicales.
En el caso de Málaga son alrededor de 1.768 los funcionarios, correspondientes a los cuatros cuerpos generales de Justicia (Gestión, Tramitación Procesal, Auxilio Judicial, y facultativos y médicos forenses), junto a los 162 letrados judiciales (LAJ) de la provincia que, aunque están incluidos en el censo elaborado por la Junta de Andalucía y el Ministerio, la mayoría de ellos firmó el pasado mes un documento para su exclusión como electores y elegibles para estas elecciones a representantes.
Se trata de un proceso electoral provincial cuya plantilla supera a la de las principales empresas privadas de Málaga, como son Unicaja (1.700 empleados), Hojiblanca (815), o la textil Mayoral (con 400 trabajadores).
Cinco son las candidaturas que se disputan los 23 puestos de delegados para la futura Junta de Personal de Málaga. Se trata de CSIF, SPJ-USO, STAJ, CC OO y UGT, que también se presentan en las otras seis provincias andaluzas este martes.
En el caso de Sevilla, ha formalizado también su papeleta una sexta candidatura de interinos (Sijea). En total están en juego en esta elección 149 delegados sindicales para Andalucía, de los cuales Sevilla es la que mayor representación dispondrá (25 representantes) para los 2.261 empleados de Justicia que allí trabajan (169 LAJ).
En la provincia de Málaga, durante los pasados comicios del 2019, el sindicato SPJ-USO obtuvo la mayoría con 7 de los delegados, seguido de CSIF (5), STAJ y UGT (4 cada uno de su lista) y, por último, CCOO con 3. Sin embargo, un acuerdo del resto de sindicatos frente a USO, dio la presidencia de la Junta de Personal a una delegada de UGT. La mayoría sindical en Andalucía la ostenta CSIF, seguida de USO, STAJ, UGT y CC OO.
La votaciones en las mesas fijas de Málaga se han fijado entre las 8:30 y las 14:30 horas. En toda la comunidad andaluza se han establecido 14 urnas itinerantes, que se desplazarán con miembros de las Mesas Electorales, para que los funcionarios de los juzgados de pequeños municipios de cada una de las provincias puedan participar. En Andalucía serán un total de 44 mesas fijas las que se han establecido.
ÁRBITROS POR LOS CENSOS
La polémica de esta elección de 2023 se ha producido por los laudos arbitrales promovidos por dos asociaciones de letrados judiciales, que pidieron una negociación colectiva aparte a la de los funcionarios de las escalas inferiores, así como la elección de nuevos delegados salidos de este cuerpo superior de la Administración.
En el caso de Almería y Málaga se rechazó esta petición de exclusión, mientras que en Jaén el árbitro ha dado la razón a los antiguos secretarios judiciales, según reconoce una portavoz sindical de los funcionarios.
Buena parte de los representantes sindicales malagueños coinciden en que los paros parciales iniciados el pasado 17 de abril, para reclamar un aumento salarial y la negociación de la ley de Eficiencia Organizativa, la posterior huelga indefinida, las concentraciones en Madrid, las manifestaciones por el centro de la capital y otras concentraciones en sedes judiciales de la provincia, han impedido explicar a los empleados de Justicia los programas para los próximos cuatro años.
"Las movilizaciones se han comido el tiempo de la campaña", apostilla un delegado de USO.
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