Las asociaciones de la prensa de Andalucía han mostrado este lunes su rechazo absoluto a la sentencia de la Audiencia de Huelva que condena a una periodista a dos años de cárcel por revelación de secretos sobre el caso del asesinato de Laura Luelmo en El Campillo (Huelva) en diciembre de 2018.
Esta sentencia, han apuntado en un comunicado, "puede generar un peligroso precedente" ya que, en opinión de estas asociaciones, "atenta directamente contra el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir una información veraz, en este caso, verdadera".
La sentencia establece que la periodista obtuvo información del sumario del caso y la difundió a través de artículos periodísticos. Los jueces consideran que algunos detalles revelados eran "innecesarios e irrelevantes para el interés público y que afectaban a la intimidad de la víctima y su familia".
Este fallo judicial genera "una honda preocupación" en las asociaciones profesionales, puesto que "deja al libre dictamen de los jueces la relevancia de una información, que, siempre y cuando sea veraz, está amparada en el artículo 20 de nuestra Constitución".
Igualmente, entienden que esta sentencia "abre la puerta a que se establezca una censura a posteriori en la que se juzgue a los periodistas después de publicar una información" y la posibilidad a que los profesionales "se enfrenten a condenas de prisión por revelar información considerada no relevante por los jueces".
"Este fallo judicial, que parece que condena, sobre todo, que la periodista haya tenido acceso a las diligencias del sumario, pone en peligro el derecho a la libertad de información, dado que puede llevar a numerosos profesionales a la autocensura por temor a ser condenados", han precisado.
Por ello, las asociaciones de la prensa de Andalucía, además de rechazar la sentencia, han solicitado a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) que la estudie pormenorizadamente y analice las posibles repercusiones que pueda tener para el ejercicio de la profesión.
Tras mostrar su apoyo a la periodista condenada y ponerse a su disposición por si desea recurrir la sentencia ante todas las instancias judiciales que procedan, han indicado que se reservan "cuantas acciones de protesta consideren oportunas para dar a conocer este fallo judicial a la opinión pública, no solo por los riesgos que supone para el libre ejercicio de la profesión periodística, sino para la salud de una sociedad democrática".
Por su parte, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha rechazado la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva contra una periodista por revelación de secretos relacionados con el caso del asesinato de Laura Luelmo, y ha considerado la decisión judicial como "un atentado contra la libertad de información".
En un comunicado, la FAPE ha asegurado que analizará las posibles repercusiones en el ejercicio de la profesión que pueda tener esta sentencia.
Además, ha recordado la necesidad de regular el secreto profesional, tal como se consagra en la Constitución Española, para proteger el derecho para la libertad de información, como estaba contemplado en el proyecto que se encontraba en trámite parlamentario y que decayó por la convocatoria electoral.
"Situaciones como la citada sentencia de Huelva hacen urgente que el próximo periodo legislativo retome la iniciativa", han indicado.
Asimismo, la Federación ha mostrado su respaldo al comunicado de las asociaciones andaluzas que rechazan la sentencia al entender que puede generar un peligroso precedente ya que, en opinión de estas asociaciones, "atenta directamente contra el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir una información veraz, en este caso, verdadera".
También ACIJUR ha publicado este lunes un comunicado en el que muestra, "desde el máximo respeto institucional, su disconformidad y preocupación" con la sentencia, que espera que sea revocada, pues "el derecho a la información y la libertad de expresión son elementos nucleares del Estado de Derecho".
"La labor de los medios de comunicación es precisamente la de posibilitar a todos los ciudadanos el acceso a la mayor información en un caso de enorme relevancia, siempre desde la veracidad de lo que se publique (...). La legislación española protege el anonimato de las fuentes de información", ha recordado la asociación.
