El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número siete de Sevilla ha dado cuenta de la recepción del informe elaborado por el Ayuntamiento hispalense, sobre la ejecución de su sentencia que ordena retrotraer la oposición promovida en 2012 para cubrir vacantes de la Policía Local, al momento anterior al caso práctico, al considerar que "se produjeron irregularidades invalidantes", anulando así el nombramiento como funcionarios de los opositores seleccionados.
En una providencia emitida el pasado viernes y recogida por Europa Press, la juez titular de dicha instancia indica que ha "recibido" el informe que había solicitado al Ayuntamiento, una vez la citada sentencia ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Supremo no ha admitido los recursos de casación contra la misma.
"Dado que el Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado las actuaciones correspondientes para el cumplimiento de la sentencia, requiérase al Ayuntamiento para que siga efectuando gestiones con el mismo fin de cumplimiento, debiendo informar a este juzgado del resultado de las mismas", señala la juez.
En su informe, según han informado a Europa Press fuentes municipales, el Ayuntamiento expone "la procedencia de cesar a los funcionarios afectados en el momento inmediatamente anterior a la celebración del nuevo examen, y no antes", señalando la "previsión temporal" de celebrar el nuevo examen "a finales de septiembre, en función de las actuaciones a efectuar", como son el nombramiento de un nuevo tribunal calificador, la búsqueda de sede para la celebración de la nueva prueba y la publicación de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
El informe expone además a la juez el "acatamiento de la sentencia" una vez firme la misma, a través de la confección de informes del área de Recursos Humanos y del letrado jefe de la Asesoría Jurídica municipal "sobre el alcance de la ejecución y la exclusión del procedimiento selectivo para oficial de los funcionarios afectados" por la resolución judicial.
LA SENTENCIA
En la sentencia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número siete aborda un litigio promovido por uno de los aspirantes a la oposición promovida en 2012 por el Ayuntamiento hispalense para cubrir 56 plazas de agente de Policía Local, impugnando actos como el listado definitivo de aprobados o la resolución de Alcaldía por la que se nombra funcionarios de carrera a los opositores seleccionados.
Su impugnación deriva de "la inexistencia de actas individualizadas de calificación de exámenes de cada aspirante, la carencia de actas de notas dadas por cada miembro del tribunal, la carencia en el expediente de material didáctico o similar empleado para la realización de caso práctico, la filtración del contenido del examen teórico y la solución propuesta por el tribunal" o "la falta de espacio físico en la hoja de examen facilitada", causas a su juicio de "nulidad".
LA INCIDENCIA DE LA SENTENCIA PENAL
Al respecto, el juzgado señala que respecto al "fondo del asunto" es necesario tener en cuenta la sentencia del Juzgado de lo Penal número diez que, en marzo de 2019, absolvió a las 45 personas juzgadas en 2018 por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación y cohecho, por la presunta filtración de los exámenes de las dos oposiciones promovidas en 2012 por el Ayuntamiento para cubrir 47 y 56 plazas de agente de Policía Local.
Y es que pese a la absolución, en dicha sentencia figuran "consideraciones sobre la filtración de la segunda prueba del tercer ejercicio, y aunque al no existir sentencia condenatoria no existen hechos probados vinculantes, ello no impide que no puedan valorarse las conclusiones alcanzadas en la citada sentencia".
Por ejemplo, el Juzgado de lo Contencioso número siete expone que el Juzgado de lo Penal número diez recoge en su sentencia que "con vulneración de la base VI de la convocatoria, dos miembros del tribunal de las oposiciones llevaron un boceto del caso práctico con anterioridad a la realización del examen y por tanto la redacción del caso práctico, aunque sufrió al menos dos modificaciones respecto de aquel boceto, no se redactó el mismo día del examen".
SIMILITUDES CON LA PLANTILLA
Además, la sentencia penal "valora cada uno de los exámenes de los opositores, llamando la atención sobre el de Ascensión G.L., en el que se dice que utiliza puntitos como el de la plantilla, contesta en el mismo orden y utiliza expresiones singulares y comete ciertos fallos, que también se incluyen en la plantilla", empleando además "paréntesis en el mismo lugar que la plantilla".
Es más, la sentencia penal llega a la conclusión de que "de alguna u otra manera, algunos de los acusados, en mayor o menor medida, han tenido acceso a la plantilla de corrección", señalando el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número siete que "en los exámenes de algunos opositores se incurre en las mismas erratas que la plantilla del caso práctico y en otros se utilizan las mismas expresiones singulares que en la plantilla".
"Si bien en el ámbito penal entra en juego el principio de presunción de inocencia, de culpabilidad y de tipicidad, en el ámbito administrativo, existiendo sospechas fuertes y contundentes de que el caso práctico hubiera sido filtrado, la conclusión a la que se llegaría sería distinta, ya que en todo proceso selectivo deben velarse los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el ingreso en la Función Pública, así como el de limpieza y transparencia en el proceso selectivo, circunstancias que no se han dado en el proceso selectivo que nos ocupa", asevera ante ello el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número siete de Sevilla.
"IRREGULARIDADES INVALIDANTES"
Así, tal instancia judicial ve "acreditado que en el proceso selectivo litigioso se produjeron irregularidades invalidantes: no se respetaron todas las garantías para preservar los principios de mérito y capacidad, así como el acceso en condiciones de igualdad", pues "consta que el contenido del examen pudo ser conocido y fue conocido por algunos opositores aprobados o no aprobados, con anterioridad al momento en que aquel había de tener lugar".
"El hecho de que no se conozca quién realizó el acto de filtración, o, en cualquier caso, sea con filtración o sea sin filtración intencionada, lo cierto es que existen indicios contundentes de que varios opositores accedieron al conocimiento de la plantilla con anterioridad al examen y algunos de ellos resultaron aprobados, lo que debe provocar la anulación del proceso selectivo y de sus consecuencias, en particular, los nombramientos y contratación de los seleccionados", resume el juzgado.
Dado el caso, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número siete de Sevilla ordena "la retroacción del proceso selectivo al momento anterior al de proponerse el caso práctico con todos los efectos a ello inherentes, incluida la nulidad de las actuaciones dictadas con posterioridad", como fue el nombramiento como funcionarios de los opositores seleccionados.
