La acogida de este ciudadano afgano observa lo establecido en las conclusiones del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) de la Unión Europea celebrado en Bruselas el 4 de junio de 2009 en relación al cierre del Centro de Detención de Guantánamo, y en la Declaración conjunta UE-EEUU del 15 de junio de 2009 para el cierre de dichas instalaciones y la futura cooperación antiterrorista.
Por lo tanto, el preso no tiene causas judiciales pendientes por delitos de terrorismo ni en España ni en ningún otro país de la Unión Europea, ni tampoco en Estados Unidos ni en su país de origen. Tampoco pesa sobre él ninguna reclamación o requisitoria en el ámbito internacional.
El ciudadano afgano vivirá en España con un permiso de residencia y trabajo concedido en virtud de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, y disfrutará de todos los derechos reconocidos en esta Ley.
Esta decisión, que se enmarca en la política antiterrorista común que desarrollan España, la Unión Europea y Estados Unidos, cumple todos los requisitos establecidos tanto en el ordenamiento jurídico español como en el Derecho Internacional a la vez que garantiza plenamente la seguridad de los ciudadanos españoles.