La Fiscalía de Sevilla, a través del fiscal especializado en Mayores y Discapacidad, ha presentado en el juzgado su escrito de acusación contra el director de la residencia de mayores Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, localizada en la calle Manuel Siurot de la capital andaluza y clausurada por orden de la Junta de Andalucía, en el que solicita cinco años y nueve meses de prisión por presuntos delitos contra la integridad moral de personas con discapacidad, de abandono de personas de especial protección y de falsedad en documento público, según dicho escrito.
El director, recordémoslo, fue denunciado por la Fiscalía de Sevilla en junio del pasado año por las diversas irregularidades en la atención y cuidados a los mayores y en el funcionamiento de la residencia, tras la clausura del centro por parte de la actual Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.
En ese momento, se contabilizaban 19 residentes y se apreciaba un deterioro cognitivo en ocho de ellos y sólo dos personas estaban valoradas por la Ley de Dependencia. Las irregularidades se detectaron en las inspecciones realizadas por el Servicio de Inspección de la Junta de Andalucía desde los 2018 a 2022.
MÚLTIPLES IRREGULARIDADES
Más al detalle, las inspecciones en el centro arrojaron aspectos como "escasez de alimentos almacenados, alimentos caducados o almacenados junto a productos de limpieza, fuerte olor a orina en dormitorios, mayor número de asistidos de los autorizados, incumplimiento de la ratio de personal, incumplimientos en materia de prescripción médica, residentes con cinturones de sujeción indebidamente aplicados, falta de formación del personal" o empleados sin "la titulación requerida". Es más, según el fiscal, el propio director "carece de la titulación de grado medio o experiencia constatada en puesto similar por tres años".
Las citadas inspecciones también revelaron incumplimientos en el registro de expedientes individuales, en las autorizaciones judiciales, en las firmas de contrato, en la contención mecánica o en el visado y control de los menús; toda una serie de irregularidades que no fueron subsanadas y que motivaron que la orden de cierre de la residencia tras la inspección de 2022, en la que los técnicos de la Consejería confirmaron que persistían los aspectos mencionados.
LOS DELITOS AL DETALLE
El escrito del Ministerio Público detecta así 19 supuestos delitos contra la integridad moral de personas con discapacidad, por los que reclama dos años de cárcel para el director del centro; así como otros 19 delitos de abandono de personas de especial protección por los que pide para él otros tres años y un mes de cárcel; y un delito de falsedad en documento público por el que solicita ocho meses más de privación de libertad.
En total, así, la Fiscalía pide para él cinco años y nueve meses de cárcel, además de una multa por otro supuesto delito adicional de omisión del deber de socorro y, por último, 70 días de trabajos en beneficio de la comunidad por otro delito más de lesiones por omisión, sobre persona sometida a guarda en centro privado residencial.
