La treintena de organizaciones que integran la llamada 'Cumbre Social de Granada' han trasladado su rechazo al itinerario alternativo propuesto por la Subdelegación del Gobierno para la manifestación que han convocado el 5 de octubre con motivo de la Cumbre Europea y lo recurrirán de nuevo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al entender que esta propuesta "sigue vulnerando" su derecho fundamental de reunión y manifestación.
El alto tribunal andaluz ya les dio parte de la razón hace unos días revocando la decisión de la Administración de prohibir la marcha por motivos de seguridad e instando a que se retrotrajera el expediente, para que antes de pronunciarse sobre una posible prohibición --que la Constitución sólo contempla cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes-- ofreciera un recorrido alternativo a los convocantes.
Ellos querían que la marcha transcurriera por las calles del centro --desde el Parque del Triunfo hasta el Palacio de Congresos, donde estarán reunidos los líderes europeos--, algo que Subdelegación rechazó por seguridad, pero el nuevo recorrido que les han propuesto, según denuncian, se sitúa "a más de cuatro kilómetros de distancia del inicialmente previsto".
Mantienen que así "se vacía de contenido el derecho de manifestación, ya que un alejamiento radical y excesivo entre la manifestación y los actos políticos contra los que se convoca frustra la finalidad constitucional de protesta". A juicio de las organizaciones, "existían otras alternativas no lesivas del derecho de manifestación que, sin embargo, la Subdelegación no ha considerado en ningún momento".
"Da la impresión --según afirman-- que la Subdelegación ha querido alejar todo lo posible el recorrido de la marcha no para garantizar la seguridad, sino porque considera que la celebración de una manifestación en la que se reclama el respeto de los derechos humanos perjudica la imagen del país ante el resto de Estados de la Unión Europea".
Por todo ello, las organizaciones han recurrido de nuevo ante el TSJA la decisión de la Subdelegación y están a la espera de que la Sala admita a trámite el recurso y señale día para el fallo, que en todo caso tendrá lugar con anterioridad al 5 de octubre.
En relación con la sentencia anterior dictada por el TSJA, las organizaciones consideran que esta resolución "sólo podía o dar por buena la prohibición acordada por la Subdelegación del Gobierno o bien dejarla sin efecto y permitir la celebración de la manifestación en los términos propuestos por las organizaciones", pero no devolver el expediente a Subdelegación para realizar una propuesta alternativa como así se ha hecho.
A su juicio, ello somete el ejercicio del derecho de manifestación a "una autorización previa prohibida por la Constitución" y por ello han presentado un incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia del TSJA.
Con esta movilización del 5 de octubre esta treintena de organizaciones pretende visibilizar el rechazo a las políticas europeas en el transcurso de una cumbre en la, según sostienen, los líderes de la UE "no atenderán las necesidades de la ciudadanía" y "quedarán sin resolverse los problemas endémicos que sufre la población". En contraposición defienden que "otra Europa es posible" con un cambio de las políticas que surgen desde la Unión.
