La primera medida ahora es la admisibilidad del recurso presentado y posteriormente, a discreción del juez, conceder o no la medida cautelar que se pide.
En sus Fundamentos de Derecho, la Abogacía del Estado argumenta su petición de suspensión cautelar en la “gravedad de la infracción” cometida por el Ayuntamiento linense al colocar los discos de prohibición de giro a la izquierda en el acceso a Gibraltar y obligar a todos los vehículos, incluidos los camiones con mercancías peligrosas, a acceder por un mismo carril y una misma cola.
Así, apela la Abogacía del Estado al artículo 62.1.a) de la Ley 30/1992, que considera nulos de pleno derecho los actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. En este sentido, añade que considera infringido el derecho a la vida y a la integridad física, por circular en las mismas colas los vehículos que transporten mercancías peligrosas con los turismos, así como el derecho a la libre residencia, libre circulación por territorio español y libre entrada y salida de España.
La Abogacía del Estado señala que el acuerdo municipal sobre los discos recurridos es la preparación de la aplicación de una tasa de cogestión (conocido como peaje), como “una especie de aduana interior”, lo cual, recuerda que es una institución de origen medieval ya superada por nuestro sistema jurídico.
Además, el recurso argumenta que el Estado defiende un interés público como es la circulación por las fronteras y carreteras nacionales de acceso a las mismas, la ordenación de las aduanas, la libre circulación por territorio español o la seguridad de las personas, mientras que el Ayuntamiento linense defiende intereses relativos a la circulación por vías municipales y la futura implantación de un tributo de carácter local.
A juicio de la Abogacía del Estado, los intereses defendidos por el Estado “presentan una mayor trascendencia, no sólo por el número de derechos y libertades afectados, sino por la naturaleza de los mismos, en su mayoría derechos fundamentales”. Frente a esto, argumenta la Abogacía del Estado, “tan sólo advertimos un interés municipal que puede ser actual, el del tráfico por vía municipal, y otro a corto plazo, la futura implantación de la tasa municipal”.
“Ataque gubernamental”
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha afirmado que este recurso de la Abogacía del Estado es “un paso más en el despropósito del ataque del Gobierno de España y del PSOE a La Línea y a los linenses”.
Sanz argumentó que la actitud del Gobierno en relación con Gibraltar es “vergonzosa desde el punto de vista de la dignidad como pueblo de La Línea”. Añadió que “tenemos un Gobierno que le ríe las gracias permanentemente a Gibraltar, que calla y mira para otro lado con el asunto de los rellenos, cada día Gibraltar es más grande y sin embargo defiende menos los intereses de La Línea y de los linenses”.
Asimismo, criticó que el Gobierno, “en vez de solucionar los problemas de los linenses se dedica todos los días a ponerle zancadillas y a atacar al Ayuntamiento y al pueblo de La Línea” y señaló que “lo único que le preocupa es ayudar a Gibraltar y no apoya las decisiones de un pueblo como La Línea”.
El dirigente del PP afirmó además que “el juego del Gobierno en relación con las señales es lamentable, ha querido hacer un juego político utilizando señales y la respuesta del Ayuntamiento es sensata”.
Finalmente, Sanz señaló que “la actitud del Gobierno es de una auténtica irresponsabilidad, pero también un auténtico traidor que en lugar de defender los intereses de La Línea está defendiendo a Gibraltar permanentemente y tapando lamentablemente asuntos de defensa de los intereses generales de España, como es el derecho de los linenses”.
La medida ayer produjo algo más de caravana de lo habitual, aunque no llegó a ser necesario desviar el tráfico hacia la explanada de aparcamientos de la Guardia Civil, ya que se arbitró un doble carril para los camiones a los que se dio preferencia de paso.