Por el contrario, en Aragón, Galicia y Cantabria los profesionales de la medicina reciben menos amenazas.
Así se deduce de un estudio realizado por el doctor José Carlos Fuertes Rocañín mediante una encuesta realizada a casi 3.000 médicos de todo el territorio nacional, salvo Ceuta y Melilla, que se han prestado a ello de forma voluntaria, y cuyos resultados fueron presentados ayer en un acto informativo organizado por Pfizer.
La mayor parte de las amenazas no están motivadas por una mala praxis del profesional, sino que su origen se encuentra en los trámites burocráticos (bajas y altas médicas o certificados médicos de diversa índole).
El doctor Fuertes Rocañín, psiquiatra y profesor colaborador de varias universidades, ha precisado que las agresiones físicas ocurren de forma esporádica –de hecho, sólo un 3% de los consultados reconoce haberlas sufrido–, pero sí se producen muchas amenazas y coacciones, que generan sobre todo “lesiones físicas” en el médico y le producen una sensación de bloqueo y de miedo.
“Los médicos españoles están quemados; más que los profesionales de nuestro entorno”, ha subrayado el doctor Fuertes.
Las amenazas se producen principalmente en la Atención Primaria, donde los médicos se sienten “solos ante el peligro”, ha señalado Fuertes, quien ha precisado que el ciudadano pide no solo ser curado, sino “felicidad”, y el médico “se encuentra con papeletas que no puede solucionar”.
Este doctor ha puesto de relieve que las reglas del juego han cambiado mucho en la relación médico-paciente, ya que de una medicina basada en la eminencia se ha pasado a otra basada en la evidencia, y el paciente-sumiso ha dado paso al usuario-cliente.
Ahora, el ciudadano español siente que tiene derecho a la salud, más que a una atención sanitaria digna.
Por su parte, el magistrado José Godino, presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, ha asegurado que la medicina actual es una profesión de riesgo relativo y ha reconocido que se ha producido un “notorio” incremento de las querellas y denuncias contra médicos y personal sanitario.
No obstante, de cada 4 sentencias, tres se dictan en la jurisdicción civil, lo que significa que el ciudadano reclama una indemnización económica por un daño causado.
Además, del total de sentencias condenatorias, en el 98% por ciento de los casos tienen su origen en agresiones verbales, y solo un 2% en agresiones físicas.
El juez ha asegurado que con frecuencia el paciente denuncia no tanto el daño sufrido como el mal trato recibido. En este sentido, ha considerado que la masificación del Sistema Nacional de Salud determina que el médico no actúe de una forma correcta “no porque no quiere, sino porque no puede”, lo que genera una mayor actividad judicial.
Por ello, entre las medidas propuestas por el doctor Fuertes se encuentra la de descargar al médico de trabajo, aunque no es la única solución, así como darle a éste la consideración de autoridad sanitaria y mejorar la comunicación con el paciente.
