Albert Vilalta se ha apoyado en la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas para realizar su petición a Interior que, según ha informado el diario El Público, tiene un año para resolver la solicitud.
No obstante, la Dirección General de Atención a las Víctimas del Terrorismo debe solicitar al Ministerio de Exteriores un informe sobre la petición de Vilalta ya que, según la legislación vigente y hasta que no se apruebe la nueva normativa, se tiene que dar como requisito que la nacionalidad española haya motivado el acto terrorista.
Asimismo, con la reforma de la Ley, aún en trámite parlamentario, se elimina esta condición aunque, si el Ministerio resuelve la solicitud antes de que se apruebe el cooperante recibirá 48.000 euros más otra indemnización por las secuelas físicas y psicológicas.
Vilalta fue secuestrado el 29 de noviembre de 2009 junto a otros dos cooperantes españoles Roque Pascual y Alicia Gámez cuando participaban en el último convoy de la Caravana Solidaria, organizada por la ONG Barcelona Acció Solidària (BAS).
En el momento del secuestro, Vilalta recibió varios disparos y conserva una leve cojera.