La polémica en torno a la implantación de la tasa turística de Cádiz ha seguido el mismo guion en los debates del Pleno de la ciudad y los del Parlamento de Andalucía en los últimos años: la izquierda reclama que se dé libertad a los ayuntamientos para cobrarla y el Gobierno de Juanma Moreno dice no de manera rotunda.
Las razones de una y otra parte son exactamente iguales aquí, en la ciudad trimilenaria, que los que se escuchan en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas de la capital hispalense, a saber: los defensores insisten en que es lo justo para que las corporaciones locales afronten el sobrecoste de la limpieza, seguridad, conservación del medio ambiente y el patrimonio que genera la actividad y que en ningún caso resta competitividad al destino, como demuestran los números de Bruselas, París, Roma, Budapest, Barcelona o Ibiza; y los que están en contra, que no es una tasa, dado que no se abona a cambio de una contraprestación de servicios, sino un impuesto y, por tanto, no es finalista, que el sector no quiere oír ni hablar de esto, que cómo se va a imponer un tributo a los ocho millones de andaluces que hacen turismo en su propia comunidad y, finalmente, de forma lapidaria, remachan que en esta comunidad, el Gobierno quita tributos, no los pone.
Con todo, tanto Adelante Izquierda Gaditana y el PSOE han lanzado periódicamente ofensivas por la tasa turística. El anterior alcalde, José María González, Kichi, trató de llegar hasta sus últimas consecuencias, pero la delegada del Gobierno en Cádiz, Mercedes Colombo, fue tajante: “Puede hacer lo que le parezca oportuno, pero tendrá el rechazo de la Administración autonómica”, advirtió en septiembre de 2022. Así que el Pleno se contentó con aprobar ese mismo mes una moción para instar a la Junta a regular que sean los ayuntamientos los que decidan sobre la tasa turística. Raya en el agua.
Los socialistas volvieron a la carga justo después de las elecciones locales. Pero la propuesta fue rechazada por la mayoría absoluta de los populares, como era previsible. El PSOE defendía el pago de entre 0,50 y 2 euros por visitante y noche. José Manuel Cossi, del PP, sostuvo que el turismo aporta 800 millones de euros en impuestos en la provincia de Cádiz, que se reinvierten en los municipios a través de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), por un lado, e introdujo como novedad el argumento que daría ventaja a los pisos turísticos frente a los hoteles.
El penúltimo asalto sobre la cuestión se ha librado esta misma semana. Este lunes, el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, pidió nuevamente al alcalde, Bruno García, que exigiera a la Junta de Andalucía implantar la tasa turística, que supondría recaudar como mínimo cuatro millones de euros al año para las arcas públicas. El primer edil se apresuró, solo 24 horas después, a responder un no rotundo a la demanda de la coalición de izquierdas. “No está entre las prioridades del equipo de Gobierno”, dijo.
El representante de la coalición de izquierdas, tenaz, pide al primer edil que recapacite, porque el tributo “es una necesidad” para el municipio, tacha de “irresponsable” que el PP niegue la turistificación en Cádiz e incide en “el sentido común” de que también aporten los turistas al mantenimiento de los servicios públicos municipales.
Esta insistencia hace mella, qué duda cabe, porque marca el debate, pero lo que puede ser definitivo es el giro que se vislumbra en la Administración autonómica. El viceconsejero de Turismo, Víctor Manuel González, ha abierto la puerta a la implantación durante la inaguruación de la Sala de Exposición del Mar y la Almadraba (SEMA), en Conil.
González, cuestionado al respecto por los medios de comunicación, reconoció que “hay diferentes enfoques y hay que aplicar la prudencia”, pero también apeló a que “al final haya un criterio conjunto por parte de todos”.
En este sentido, vinculó una eventual tasa turística a la tramitación de un paquete normativo en tramitación sobre el sector en general y los apartamentos turísticos en particular, tal y como recogió 7TV. “Estamos trabajando en un decreto que tenemos ahora mismo en la cocina; vamos a ir acompasando los tiempos y vamos a tratar de que el concepto de tasa turística no sea un problema, que sea un concepto que satisfaga a los ayuntamientos y al ciudadano”, afirmó.
Lo cierto es que, sea dicho ahora, la tasa turística no ha sido reclamada únicamente por la izquierda. Antes del 28M, día de las elecciones municipales, los alcaldes de Granada, Sevilla o Málaga, todos ellos del PP, también la pidieron.
La Junta de Andalucía tiene, en cualquier caso, la última palabra.