El concejal de Interior en el Ayuntamiento de Motril, José García Fuentes, ha defendido este miércoles que el procedimiento seguido cumple "la más estricta legalidad" y se ha llevado a cabo "sin tener en cuenta la nacionalidad" de los afectados, ya que en este asentamiento también vivían personas de origen magrebí y español.
"Se ha seguido el procedimiento de sanción administrativa habitual" y ahora "nos encontramos en la fase de que la totalidad de las personas que había --en el asentamiento-- se han marchado y las máquinas están limpiando la basura" acumulada en la zona, ha relatado el edil.
Asimismo, ha subrayado que el desalojo ha sido pactado con los afectados, aproximadamente unas 15 personas de nacionalidad rumana, las cuales "se querían ir" y por ello, a través de un acuerdo con el área de Bienestar Social, se les ha facilitado el billete de autobús para que regresaran a sus país de origen.
Durante este proceso, añade el concejal de Interior, se les ha prestado asistencia sanitaria y comida a través de Cruz Roja Española, mientras que los Servicios Sociales municipales han hecho un seguimiento de la situación en que se encontraban los menores que habitaban en este asentamiento.
"COMO SARKOZY"
Esta versión no es compartida por el grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Motril, quien informó a Europa Press de que el desalojo se aprobó en pleno el pasado 29 de octubre para dar una solución "oportunista" a este problema aprovechando lo que "está ocurriendo en otros lugares", en relación a los desalojos realizados por el presidente francés, Nicolás Sarkozy.
Además, la edil de IU Daniela Piqué ha informado de que esta mañana "varias máquinas custodiadas por la Policía Local" se han presentado en el asentamiento para derribar las chabolas, pese a que aún "quedan tres personas --de una misma familia-- viviendo allí".
De hecho, varios miembros de ONG y de la formación de izquierdas se han desplazado esta mañana hasta esta zona del barrio de los Álamos para impedir la demolición de la chabola de esta familia, que "no se quiere ir porque tiene trabajo", ha señalado Francisco Torcuato, de la Plataforma por la Justicia Social, implicada en la defensa de este colectivo.
"Hace unos días había unas 15 ó 20 personas" y este lunes "quedan tres". Además, el "Ayuntamiento de Motril no ha presentado ninguna orden de demolición y "han estado amenazando a los afectados con llamar a los Servicios Sociales para que se ocupen de sus hijos si no se iban", ha lamentado Torcuato.