Rabia, indignación y petición de dimisión al Ministro por la muerte de dos agentes

Las organizaciones sindicales de la Guardia Civil han expresado esta noche su indignación y rabia por la muerte de dos agentes, cuya embarcación ha sido embestida por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz).

"Ha sido una intervención suicida, quien dio la orden para realizar esa actuación tiene que dar explicaciones", ha afirmado a EFE José Antonio Belizón, delegado en Cádiz de la AEGC.

Los representantes sindicales se preguntan por qué se envió a identificar a los ocupantes de seis potentes narcolanchas a una embarcación del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, mucho más pequeña, y en medio de un temporal.

"Y sabiendo que ya ha pasado más veces, que no es la primera vez que las narcolanchas embisten a patrulleras", se lamenta.

La Asociación Unificada de Guardia Civil (AUGC) ha exigido al Ministerio del Interior "una profunda investigación", mientras que la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha exigido la dimisión del ministro del Interior y ha denunciado que sus compañeros iban en "una nave inadecuada".

"Los vídeos publicados hacen aún más terrible lo ocurrido, con personas jaleando a los asesinos y riéndose de los guardias civiles que con sus pobres medios han muerto cuando intentaban cumplir con su deber: evitar el narcotráfico".

La Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil ha calificado de "espeluznante" que los narcotraficantes hayan "asesinado" a dos de sus compañeros "mientras una muchedumbre jaleaba" su "falta de escrúpulos".

"Se ha cruzado una línea roja. A los políticos les toca de forma urgente buscar soluciones para que episodios como estos no se repitan jamás", apuntan tras defender que la provincia de Cádiz sea declarada Zona de Especial Singularidad, para gratificar la peligrosidad a la que se enfrentan los agentes.

La Unión de Guardias Civiles ha expresado su "rabia" e "indignación" y ha recordado que lleva años denunciando "el aumento muy significativo de la violencia con que las mafias de la droga, se enfrentan a las fuerzas y cuerpos de seguridad" y pidiendo una mejora de los medios materiales y un aumento y especialización del personal.

Las narcolanchas fueron prohibidas en julio de 2018, como una de las medidas con las que ese año se empezó a luchar contra el tráfico de hachís en Cádiz. Pero siguen "campando a sus anchas" por las costas de la provincia, según agentes de la zona.

La muerte de los dos guardias civiles se produce diez días después de que un hombre que viajaba en una de ellas muriera, tras colisionar la embarcación en la que estaba con una patrullera de la Guardia Civil, en la desembocadura del río Guadalquivir, en Sanlúcar de Barrameda.

Estos dos episodios, en Barbate y Sanlúcar de Barrameda, ponen de manifiesto como el narcotráfico se ha extendido a otras zonas desde que hace cinco años y medio se pusiera en marcha el Plan Especial del Campo de Seguridad del Campo de Gibraltar, para afrontar la lucha contra el narcotráfico en esta zona.

"Las escenas que se han vivido en Barbate recuerdan a lo que veíamos aquí hace cinco años", indica a EFE Francisco Mena, presidente de la coordinadora antidroga del Campo de Gibraltar.

Él es uno de los muchos que piensan que en el narcotráfico funciona la ley de los vasos comunicantes, por los que "no desaparece, cuando se va de un sitio, aparece por otro".

La muerte de estos dos agentes ha ocurrido horas después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pusiera en marcha en Algeciras el IV Plan Especial de Seguridad para el campo de Gibraltar, que ha prorrogado el dispositivo hasta 2025 y a seis provincias y contará este año con una inversión este año de 36,9 millones de euros para reforzar las plantillas policiales y su dotación de medios.

"Parece como si los narcos hubieran dado un golpe en la mesa, diciendo: 'el narco manda, estamos fuertes, somos superiores y vamos a seguir'", se lamenta un agente de la Guardia Civil de la zona.