El Departamento de Estado, bajo el mandato de Hillary Clinton, pidió a su personal en el extranjero que recopilara información como las tarjetas de crédito, horarios de trabajo, y en algunos casos hasta datos biométricos de candidatos latinoamericanos.
Esta información forma parte de la filtración masiva de documentos diplomáticos que la web Wikileaks ha entregado a cinco publicaciones en todo el mundo, y que pretendía dar a conocer hoy a través de su propia web.
Sin embargo, esta misma mañana, Wikileaks denunció que su servidor había sido atacado y que no iba a estar operativo, por lo que la única manera de acceder a la información que había recabado es a través de las cinco publicaciones que tuvieron los documentos previamente, el País (España), The New York Times (EEUU), The Guardian (Reino Unido), Der Spiegel (Alemania) y Le Monde (Francia).
Según la información publicada hoy por estos diarios, EEUU quería tener casi una ficha policial de las actividades que desarrollaban algunos políticos y altos funcionarios.
Especialmente llamativo es el caso de los aspirantes a la presidencia de Paraguay en las elecciones de abril del 2008.
Según explica El País, un despacho nombra a la entonces ministra de Educación, Blanca Ovelar, al ex vicepresidente Luis Alberto Castiglioni, al ex general Lino Oviedo y a Fernando Lugo, actual presidente. Y pide que recabe de los cuatro datos biométricos, huellas dactilares, fotografías, escáneres del iris, DNA "y otras singularidades".
El Departamento de Estado pide además a sus diplomáticos que recaben información sobre la corrupción oficial, el lavado de dinero, las relaciones de Paraguay con Cuba, Venezuela, China, Taiwán y Rusia, y la existencia de yacimientos de hidrocarburos en la región del Chaco paraguayo.
También pide datos sobre el narcotráfico y la construcción de mezquitas en el país latinoamericano, limítrofe con Argentina, Brasil y Bolivia.
El espionaje que se pide a los empleados de las embajadas y misiones abarca desde las gestiones y apariencia física de los diplomáticos iraníes y norcoreanos en Nueva York, hasta los planes e intenciones del secretario general de la ONU, el surcoreano Ban Ki-moon.
Uno de los aspectos que llama más la atención es el espionaje a que se somete a Ban, algo que según establece la normativa de Naciones Unidas es ilegal, tal y como explica The Guardian.
De Ban Ki-moon se solicita información biométrica detallada, al igual que otros altos representantes de la organización, de los que se pide detalles sobre la toma de decisiones en torno a los grandes asuntos que tienen sobre la mesa.
Washington, en general, pidió a sus diplomáticos que consiguiesen información como los números de las tarjetas de crédito, direcciones de correo, teléfonos, faxes de todos estos funcionarios.
WKILEAKS DENUNCIA EL CIBERATAQUE
La página en internet Wikileaks denunció hoy, a través de twitter, un ataque masivo contra su servidor, a pocas horas de que difunda una cantidad ingente de documentos oficiales, que se supone que es material diplomático de EEEUU.
Pese al ciberataque, la organización dirigida por Julian Assange ha asegurado que los cinco periódicos que han tenido acceso previo al material -Le Monde (Francia), El País (España), Der Spiegel (Alemania), The Guardian (Reino Unido) y The New York Times (EEUU)- publicarán los documentos aunque la página de Wikileaks esté caída y nadie más pueda acceder a ellos.
En estos momentos, Wikileaks experimenta una negación de servicio (DDOS), lo que significa que ningún internauta puede acceder a ella.
Precisamente en las próximas horas Wikileaks tenía previsto difundir cerca de 250.000 cables diplomáticos de las embajadas y consulados estadounidenses en el mundo, según informó WL Central, un portal que se autodenomina como una "fuente no oficial de Wikileaks".
La mayor parte de los documentos datan de los seis últimos años. El 40,5 por ciento están considerados como 'confidenciales', y el seis por ciento de los cables, unos 15.600, son secretos, según informó en los últimos días Der Siegel, uno de los diarios que tuvo acceso previo a los documentos.
Los papeles filtrados a Wikileaks podrían proceder del SIPRNET, un sistema de comunicación que usa el Departamento de Defensa de EEUU y al que tendrían acceso unos 2,5 millones de funcionarios estadounidenses.
En las últimas horas, el Gobierno de Estados Unidos ha advertido mediante una carta al fundador de Wikileaks, Julian Assange, de que la divulgación de estos documentos obtenidos de funcionarios sin autorización oficial puede tener "consecuencias graves".
La carta fue enviada por el asesor legal del Departamento de Estado, Harold Hongju Koh. En ella indica que el Gobierno de Estados Unidos no se involucrará en negociaciones con Wikileaks acerca de la divulgación o distribución de "documentos secretos obtenidos ilegalmente".
Si algunos de los materiales que se divulgarán, posiblemente hoy, fueron entregados por funcionarios del gobierno sin la debida autorización, añadió Koh, "se entregaron en violación de la ley de EEUU y sin consideración por las consecuencias graves de esta acción".
Koh añadió que el Departamento de Estado ha hablado con representantes de los diarios The New York Times y The Guardian, y la revista Der Spiegel acerca de los documentos que Wikileaks les ha entregado para su publicación.
Koh describió esa distribución como "una diseminación ilegal de documentos secretos" y añadió que "pondrá en peligro la vida de incontables personas".
Según Wikileaks, su próxima divulgación de documentos ofrecerá una lectura de las comunicaciones entre el Departamento de Estado y las 297 embajadas, consulados y misiones en todo el mundo.
En los últimos días, el Gobierno de EEUU se ha puesto en contacto con varios países para advertirles de la sensibilidad del material que iba a difundir Wikileaks.
Entre los gobiernos con los que ha contactado se encuentran el Reino Unido, Australia, Israel, Noruega, Dinamarca, Canadá, Rusia e Italia.
En octubre pasado, Wikileaks ya reveló 391.000 documentos sobre la guerra en Irak que recogieron varias denuncias de torturas y abusos que EEUU nunca investigó, muerte de civiles de las que no se informó y la ayuda iraní a milicias iraquíes.
Previamente había difundido también material comprometido sobre la guerra en Afganistán.
