Así lo señaló Bartolomé Vargas en una rueda de prensa, en la que se refirió a la reforma del Código Penal, que entra hoy en vigor y que obliga a los conductores a someterse a las pruebas de detección de drogas mediante test de saliva; en caso de oponerse será acusado de un delito castigado con una pena de prisión de seis meses a un año y la privación del derecho a conducir vehículos a motor de un año y un día hasta cuatro años.
Además, Vargas ha dado instrucciones para que se intensifiquen los contactos con la Guardia Civil para llevar a cabo los controles de alcoholemia y así ejercitar las acciones penales oportunas.
La reforma contempla la posibilidad de que el decomiso sea una alternativa a la prisión para determinados delitos y situaciones, como la reincidencia plasmada en varias sentencias por conducción bajo la influencia de alcohol y drogas.
También la reforma permitirá que a partir de mañana pueda castigarse el hecho de conducir por encima de la velocidad permitida en 60 kilómetros por hora en vías urbanas o en 80 en interurbanas, o bajo los efectos de alcohol o drogas, según decida el juez, con prisión de tres a seis meses o con multa de seis a doce meses o con trabajos en beneficio de la comunidad.
