La plantilla del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) ha sufrido una merma del 26 por ciento en apenas unos años, pasando de 140 a 103 trabajadores, lo que se ha venido traduciendo en “obsceno” incremento de las horas extraordinarias y obligado incluso a intervenir a la propia Inspección de Trabajo.
El personal asiste en estos últimos días al debate generado a propósito de la decisión de la asamblea de incrementar un 110% el precio del metro cúbico de agua en alta, una subida que a priori se puede considerar necesaria pero que contrasta con el escenario económico y financiero que se había venido dibujando en estos últimos años desde el propio Consorcio.
Así, mientras esta misma semana el presidente del CAZG, Andrés Díaz, ha advertido de la necesidad inaplazable de hacer frente a esa subida para garantizar la prestación del servicio, hace justo dos años quien entonces ocupaba ese asiento, Víctor Mora, presentaba unas cuentas que arrojaban un superávit de 3,4 millones de euros, existiendo además un remanente de tesorería de 16 millones.
¿Qué ha ocurrido para que la situación haya cambiado tanto como para justificar esa subida de precios? Fuentes del propio Consorcio admiten que el ciudadano de a pie “se merece una explicación”, porque “o se ha mentido antes o se miente ahora”. No se duda a la hora de calificar de “pésima” la “gestión empresarial” de este órgano supramunicipal, que conserva infraestructuras obsoletas que en ocasiones “tienen ya más de 70 años” y que para colmo ha venido causando una progresiva “pérdida de empleo”.
No se cuestiona por tanto que, tal y como advirtió el presidente Andrés Díaz, las infraestructuras precisen de inversiones que las adecuen a las necesidades actuales y garanticen de este modo un óptimo servicio.
Pero quizá esas inversiones serían de menor envergadura si la plantilla hubiera tenido recursos con los que acometer labores de mantenimiento. “Las infraestructuras están mal porque no hay personal que para abordar un mantenimiento preventivo, que prácticamente no existe. Se está actuando a salto de mata, cuando surge una necesidad imperiosa, y entonces se tiene a los trabajadores 70 horas trabajando sin parar”, subrayan esas mismas fuentes.
En ocasiones son incluso los propios operarios quienes, con su “voluntad”, trabajan fuera de horario para garantizar el abastecimiento de la población, “quitando horas de su casa”. De ahí que se antoje imprescindible hacer “una apuesta seria” por dotar al Consorcio de los recursos humanos necesarios para ofrecer un óptimo servicio. Eso por no hablar de que los tribunales de ámbito social reconocen a más de la mitad de la plantilla funciones de superior categoría, con lo que ello implica de desfase económico a la hora de percibir el salario.
La sección sindical de UGT en el Consorcio ha admitido a través de sus redes sociales la “necesidad de incrementar el precio del agua para atender a los costes reales”, pero al mismo tiempo considera imprescindible que se fije “un plan y una hoja de ruta” que determine si esa necesidad “es inherente a los costes de explotación” o consecuencia de “una mala praxis administrativa o técnica”.
A este colectivo, que es el mayoritario en el comité de empresa, le “llama mucho la atención” que “ningún responsable político” del Consorcio haya solicitado hasta ahora “que se audite la gestión administrativa, contable y técnica de una institución del sector público”.
De igual modo, no le parece “razonable” que “ningún partido político con representación en la asamblea” de este órgano condicionara su voto “a la realización de una auditoría técnica, administrativa y contable” de la entidad “para cumplir responsablemente con su papel” y ofrecer “seguridad” a los usuarios de que “se está gestionando adecuadamente un recurso por el que ahora tendrán que pagar más del doble de lo que pagaban”.
Desde el seno del Consorcio lamentan que el relevo en la presidencia no haya traído aparejado “ningún cambio” en el modelo de gestión, algo que parece “preocupante”. “Aquí se funciona igual cuando gobierna el PSOE, IU o AxSí con el apoyo del PP, y eso quiere decir que hay elementos que trascienden más allá de esos relevos. El problema es estructural. Hay algo dentro del Consorcio que no funciona”, subrayan.
