Un sistema en el que Gibraltar ha invertido una gran suma de dinero y que justifica por el incremento en la seguridad que llevará aparejada su entrada en funcionamiento para los tráficos marítimos en las aguas que rodean la roca. Pero la realidad, asegura el diputado popular, es otra bien diferente, ya que su puesta en marcha va a significar un aumento de las actividades de bunkering en la zona este del peñón, un paso, en definitiva, que va a servir para incrementar de manera notable la capacidad de Gibraltar para reabastecer a buques mercantes.
Landaluce recuerda que la decisión de utilizar la zona este del peñón para las citadas actividades se encuentra en la actualidad en fase de estudio de impacto medioambiental, por lo que ha apuntado a la necesidad de que el Gobierno de nuestro país permanezca muy atento a cómo se desarrollan los acontecimientos, puesto que cualquier incidente que se pudiera producir en esta franja marítima sería responsabilidad de nuestro país, al tratarse de sus aguas.
Pero existe una realidad paralela, prosigue el responsable del PP, y es que este servicio VTS tiene entre sus principales misiones el control monitorizado de todas y cada una de las embarcaciones que naveguen por la zona marítima que Gibraltar defiende como propias. Prueba de ello son las palabras del ministro gibraltareño de Industria, Joe Holliday, quien aseguró que este nuevo servicio aumentaría y mejoraría las capacidades de otras agencias, refiriéndose en concreto a la Policía del Peñón.
Gibraltar, asegura Landaluce, continúa blindando y protegiendo las aguas que lo rodean, y España no puede permitirse mirar para otro lado mientras las autoridades de la colonia siguen cerrando el cerco en torno a sus aguas, motivos por los que planteará en el Congreso una serie de iniciativas para conocer qué pasos va a seguir el Gobierno para tener un control sobre el posible incremento del bunkering garantizando la seguridad (incluyendo la exigencia de que el combustible para esta práctica se haga en tierra firme y respetando la normativa que tenemos que respetar todos los países de la Unión Europea) y, sobre todo, para que no la implantación de este nuevo sistema no se pueda interpretar como una nueva concesión a la colonia y al Reino Unido en relación a la jurisdicción de las aguas en litigio.