La vista, que comenzó el pasado 13 de enero, se originó por la denuncia interpuesta por el ex policía local José Carrión ante las presuntas irregularidades en la venta de cuatro parcelas municipales a la empresa Roseworld, cuyo único administrador era Anil Takhurdas, también imputado.
La acusación popular solicita para Juárez cuatro años de prisión e inhabilitación para el sufragio pasivo, así como multa de 500.000 euros por el delito de cohecho, e inhabilitación especial para el empleo de cargo público por nueve años.
La Fiscalía también mantiene la imputación del ex coordinador municipal de Hacienda, Carlos Ruiz Calama, por prevaricación y dos delitos contra la Hacienda Pública.
Ruiz Calama se enfrenta a las mismas penas que Juárez, más prisión de un año y multa de 686.000 euros por no haber declarado en plazo, según la acusación, la venta de unas fincas por parte de Líneatrans -una empresa de su familia- a Takhurdas en 2004.
Las acusación considera que la cantidad que Calama obtuvo por la venta podía estar relacionada con la posterior adjudicación de las cuatro parcelas municipales a Roseworld en un concurso en el que la otra aspirante, Promaga, fue descartada por "no estar al corriente de los impuestos municipales", a pesar de que su oferta superaba en tres millones de euros a la de Roseworld, cuyo capital social era entonces de 3.000 euros.
El Ministerio Fiscal reclama para Takhurdas cuatro años de presión, multa de 500.000 euros, e inhabilitación para el sufragio pasivo y para cargo público.
La acusación particular, en representación de Carrión y el concejal del PSOE Miguel Tornay (que se adhirió a la causa), también mantiene la imputación de los concejales Maria de la Cruz Atienza, Juan Francisco Montero y Juan Francisco Muñiz, que formaron parte de la mesa de contratación que adjudicó la venta a Roseworld.
Asimismo, solicitan para Takhurdas multa de 12.000.000 euros e inhabilitación especial de dos años para el ejercicio de su profesión e industria.
Ha retirado, en cambio, la acusación contra el secretario municipal, Agustín Rufino, contra el interventor municipal, Sergio Gómez, y contra Rafael de los Reyes, representante de Grupo Lábaro, la empresa que adquirió a Roseworld las cuatro parcelas adquiridas al Ayuntamiento.
El abogado de los dos funcionarios municipales absueltos ha lamentado que sus defendidos "hayan tenido que soportar pena de banquillo", y ha anunciado que se "reservará" acciones contra las acusaciones que se han mantenido "de forma numantina".
Queda pendiente la acusación contra Kevin Phelan, socio de Roseworld, que no ha comparecido, por razones de salud según su defensa, cuyo juicio se tramitará en pieza separada.
Por su parte, el ex alcalde Juárez ha rehusado hacer declaraciones