Según informó la Policía, la investigación se inició gracias a la denuncia de una de las víctimas, que consiguió adquirir la condición de testigo protegido ante las continuas agresiones y amenazas sufridas.
La mujer relató que había llegado a España engañada por una organización integrada por ciudadanos nigerianos que la obligaban a ejercer la prostitución callejera.
Los investigadores averiguaron que la red estaba perfectamente estructurada y organizada, con conexiones en distintos países africanos por donde iban cruzando las víctimas hasta su llegada a España, como Nigeria, Benin, Níger, Argelia o Marruecos.
Una vez en España, las mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución en la calle para hacer frente a la supuesta deuda contraída con la organización que, en algún caso, llegaba a los 50.000 euros.
Para garantizar el pago, la red intervenía a las víctimas el dinero obtenido de la prostitución.