Son algunas de las cuestiones que regula el Reglamento de Extranjería, desarrollando la nueva ley aprobada en 2009, que se encuentra en fase de borrador y pendiente de los informes obligatorios antes de su aprobación definitiva que podría ser en unos dos meses, según explicó ayer la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón.
El Reglamento también fija los requisitos para la reagrupación familiar o para la regulación por arraigo y concreta los “elementos mínimos” que deben incluir las administraciones locales o autonómicas en sus informes de
integración, que no serán vinculantes para el Gobierno que tiene la competencia para resolverlos.
“Dudo que no se tenga en cuenta ese informe, pero no se puede ceder a un ayuntamiento la capacidad de decidir sobre la circulación de una persona por la UE”.
Según Terrón, también pretende ayudar a resolver problemas burocráticos a personas que caen en situación de “irregularidad sobrevenida” y que han mantenido “un recorrido de regularidad”, cuando se topan con problemas de plazos y de tramitación de sus contratos o permisos de residencia.
Respecto a las víctimas de violencia de género, si al denunciar las agresiones se comprueba su situación irregular, se suspende el expediente administrativo hasta que concluya el proceso penal.
Entre tanto, cuando se aprecien indicios de esas agresiones o se haya emitido una orden de protección, la mujer extranjera puede solicitar un permiso de residencia y trabajo provisional para ella y para sus hijos menores que se encuentren en España, que serán de cinco años si el proceso ha concluido con sentencia condenatoria.
Si no se han probado estas acusaciones, continuará el procedimiento sancionador que podría implicar su expulsión.
En el caso de mujeres víctimas de trata, el Reglamento establece el periodo de reflexión de 30 días para decidir si colaboran en la persecución de redes organizadas y la posibilidad de solicitar la residencia y el permiso de trabajo, con una vigencia de hasta cinco años.
También aborda el retorno de los extranjeros que han salido del país y que podrán volver después de tres años, sin perder el tiempo de residencia que tenían, siempre que comuniquen su salida o se acojan a un plan de retorno.
Durante la presentación de este borrador, Terrón opinó que esta regulación “consolida un modelo basado en la cultura de la regularidad y vinculado al mercado de trabajo”, que favorece “la integración social de los inmigrantes y la convivencia”.
“Se adapta a contextos y ciclos económicos diferentes, sin necesidad de modificar la ley, ya que funciona en ciclos de entradas fuertes, como en el momento actual”, explicó.
El borrador de la Ley de Extranjería, “que no es un texto cerrado”, inició ayer “el trámite de audiencia pública entre los interlocutores más relevantes”, ha dicho Terrón, y será analizado por el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, la Conferencia Sectorial de Inmigración y la Comisión Tripartita de Inmigración, entre otros organismos.