El pasado viernes el Ayuntamiento de San Roque requirió por escrito a la dirección en Cádiz de FCC que aclarara si tenía previsto presentarse al procedimiento negociado que debe abrirse para adjudicar este servicio, una vez que la semana pasada finalizó el plazo de presentación de solicitudes a los concursos abiertos sin que ninguna empresa diera a conocer su oferta. También se le pedía a Fomento que remitiera la documentación laboral de los empleados adscritos a este servicio.
El plazo fijado para recibir la respuesta venció ayer, lunes, pero no llegó ninguna. Ante esta situación, el teniente de alcalde delegado de Contratación, José Antonio Cabrera, decidió en la mañana de hoy que un técnico municipal se pusiera en contacto telefónico con la dirección de FCC en Cádiz. La persona que contestó admitió que la empresa no iba a seguir prestando el servicio y señaló que mañana miércoles se formalizaría por escrito al Ayuntamiento este extremo.
En cualquier caso, la fuente de Fomento no explicó si la empresa va a remitir la documentación laboral requerida. También se desconoce si FCC va a mantener los contratos individuales suscritos con las empresas municipales Emroque y Multimedia.
Para Cabrera, “no sólo es censurable que una empresa adjudicataria de un servicio municipal no conteste en tiempo y forma a lo que le pide el Ayuntamiento, y haya que recurrir a una llamada telefónica para saber cuáles son sus pretensiones. Más grave es, a mi parecer, que siga sin remitir los contratos de sus trabajadores, porque es una información clave tanto para la tranquilidad de éstos y sus familias, como para la continuación del servicio de una manera adecuada”.
El pasado viernes, el edil de Contratación puso sobre la mesa los argumentos municipales sobre este caso. Explicó que “el Equipo de Gobierno presidido por Fernando Palma ha hecho sus deberes y ha pagado en la medida de sus posibilidades. Así, ayer mismo (por el jueves 10) se abonaron 90.000 euros a FCC, por lo que entre abril de 2009 y el día de hoy los ingresos por este concepto han sido de 4.000.048 euros y se han reconocido 300.000 más. Entre febrero de 2007 y abril de 2009, cuando gobernaban PSOE y USR, tan sólo se abonaron 1,6 millones de euros”.
Cabrera recordaba entonces que “hasta ahora sólo han surgido informaciones distorsionadas y muy interesadas en generar polémica, y de las que Fomento se defiende diciendo que han sido errores. Pero lo que puede ser un error para esta empresa se convierte en una tragedia social para las familias afectadas y también para este Gobierno, que intenta hacer las cosas de forma clara y trasparente y, a cambio, se nos pone a los pies de los caballos”.