Un resultado que es “un mensaje tranquilizador para los usuarios y para los creadores”, en opinión de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, que también señaló que es una “medida completamente equilibrada” como quedó demostrado con la votación del Parlamento.
González-Sinde realizó estas declaraciones poco después de conocerse el resultado de la votación y cuando asistía en el Instituto Cervantes a un homenaje a la cantante María Dolores Pradera.
La ley fue respaldada por el 92 por ciento de la Cámara Baja, que rechazó la norma el 21 de diciembre en la Comisión de Economía.
La polémica disposición consiguió ser rescatada en el trámite del Senado gracias a una enmienda pactada entre el Gobierno, PP y CiU que reforzaba, respecto al texto original, las garantías judiciales en todo el proceso de cierre de una página web de descargas de contenidos sujetos a derechos de autor.
Una vez aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días, el Ministerio de Cultura iniciará el desarrollo normativo de la ley antidescargas, que incluye el reglamento y la constitución de la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano encargado de examinar las denuncias.
La ley Sinde, que permitirá por orden judicial el cierre de páginas web de descarga de contenidos ilegales, podría ponerse en marcha de forma operativa este verano, según adelantó la ministra de Cultura la semana pasada.
En el debate del pleno del Congreso sobre el proyecto de la Ley de Economía Sostenible (LES), la ley Sinde acaparó buena parte de las intervenciones de los portavoces de los grupos que han rechazado la enmienda, frente a los de PSOE y PP que pasaron de puntillas sobre la norma antidescargas.
En este sentido, el portavoz del PP, Álvaro Nadal, mencionó que la tramitación parlamentaria ha permitido “enmendar algunos desaguisados” del texto inicial y la del PSOE, Marta Gastón, destacó que “cuando hay
voluntad” es posible llegar a acuerdos.
El portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, sí quiso destacar que la enmienda pactada por su grupo y PSOE y PP “mejora sustancialmente” el modelo inicial presentado en el Congreso, al introducir la intervención del juez al comienzo y al término del proceso de cierre de una web.
El resto de grupos, a excepción del PNV cuyo portavoz, Pedro Azpiazu, no intervino, dedicaron más tiempo en su intervención a la enmienda sobre la ley antidescargas a pesar de que el debate era sobre el conjunto de la Ley de Economía Sostenible.
