Chaves, que ha respondido así en el Pleno del Congreso a una pregunta de la diputada del PP Fátima Báñez sobre las irregularidades en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de la Junta de Andalucía cuando éste era presidente, ha defendido la "conducta intachable" de la Junta que está "investigando y colaborando" con la Justicia.
En concreto, la Junta de Andalucía envío la pasada semana 37 nuevos casos de irregularidades, de presuntos falsos prejubilados en diferentes expedientes de regulación de empleo, al juzgado número 6 de Sevilla, que investiga el denominado "caso Mercasevilla".
Hoy, en la sesión de control, los diputados del PP Ricardo Tarno y José Manuel Moreno también han realizado preguntas en el mismo sentido al ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, para conocer los controles de inspección aplicados por este Ministerio sobre los ERE y restablecer así la legalidad.
El ministro Valeriano Gómez ha sido tajante y ha respondido a ambos diputados que no compete a su departamento inspeccionar las irregularidades en los ERE de la Junta de Andalucía y ha subrayado que esta competencia "corresponde, en exclusiva, a la autoridad laboral andaluza".
El titular de Trabajo ha explicado que en este asunto la intervención de la Administración General del Estado se limita a "determinar si procede o no el pago de prestaciones por desempleo y a determinar si hay, en el caso de que algún trabajador lo solicite, algún tipo de convenio especial con la seguridad social".
Gómez ha insistido en que la actuación de su Ministerio en estos dos apartados ha sido "rigurosa y estricta", y ha aplicado todos los controles necesarios.
El titular de Trabajo también ha pedido al diputado Tarno que no intente retraer responsabilidades al ámbito del Ministerio "porque no lo son, ni lo pueden ser, en ninguna medida".
Por su parte, el diputado Tarno también ha criticado que el "primer espada" en relación al vicepresidente tercero, Manuel Chaves, no haya comparecido para explicar "por qué el ex ministro socialista Carlos Solchaga ha cobrado una comisión de 461.000 euros por gestionar una subvención a la empresa Matsa, en la que trabaja una hija de Manuel Chaves".
En su respuesta ante el Pleno y en relación a las irregularidades de los ERE, el vicepresidente tercero ha afirmado que la Junta "ni tapa, ni oculta" y ha calificado de "infamia" las acusaciones del PP, al tiempo que ha asegurado que fue él, cuando presidía la Junta, el que llevó ante la Fiscalía "los indicios de irregularidades que dieron lugar a la investigación judicial".
En su contestación, el también ministro de Política Territorial ha señalado que la diferencia entre ambas formaciones es que los socialistas "denuncian a los corruptos ante la Justicia y el PP denuncia a la Justicia, a los fiscales y a los jueces por investigar a los corruptos".
Una vez más, el vicepresidente ha calificado de "calumnia" que el PP pueda decir que hay 700 millones de euros destinados a socialistas o a sus familiares y ha asegurado que las ayudas de la Junta de Andalucía destinadas a los ERE son "completamente legales".
Además, ha afirmado que estas ayudas han garantizado la solvencia de empresas en crisis y la continuidad de miles de puestos de trabajo que estaban en trance de desaparecer.